Esta es una de las conclusiones del informe ‘El problema de la ocupación ilegal en España. Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IIDP) 2024’, elaborado y publicado por la Property Rights Alliance, que el Instituto de Estudios Económicos (IEE), ligado a CEOE, difunde en España.

El estudio, presentado por el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, y su director general, Gregorio Izquierdo, resalta que, respecto a 2023, España ha experimentado una reducción más pronunciada que el resto de los países de la UE y que el resto de la OCDE en el subcomponente del entorno legal y político. En términos relativos, España presenta un resultado inferior en un 4,3% al valor medio de la OCDE y un 1,9% al de la media de la UE en protección a la propiedad privada.

Estas diferencias se elevan al comparar los resultados con los de los países mejor clasificados, siendo dicha distancia superior al 20%. De los 11 subcomponentes que integran el índice agregado, España se sitúa por detrás del promedio de la OCDE en ocho de ellos, siendo especialmente significativa esta diferencia en los subcomponentes de la independencia judicial, el control de la corrupción y la protección de la propiedad física.

En las 18 ediciones del Índice, el valor del indicador para medir la protección de los derechos de propiedad en España nunca ha alcanzado siquiera los siete puntos (6,4 puntos en 2024), calificación por encima de la cual se sitúan la mayor parte de las economías más avanzadas, lo que denota una “cierta deficiencia estructural” del sistema a la hora de asegurar estos fundamentos para el desarrollo de la iniciativa empresarial.

De todos los subcomponentes del indicador, el de la protección del derecho de la propiedad física es el que más se ha deteriorado durante todo este periodo. Por otra parte, si se tiene en cuenta el ajuste por impuestos del índice de derechos de propiedad en 2024, España cae aún más, en el puesto 24 de las 37 economías analizadas, lo que, para el IEE ”nos debe hacer reflexionar sobre la excesiva incidencia que tienen los impuestos sobre la propiedad sobre nuestra economía”.

PROBLEMA AL ALZA

Además, alerta de que la ocupación va al alza en España y de que, pese a ello, hay una clara “falta de acción para resolver la inseguridad jurídica y la tolerancia” hacia este problema. Ello, junto a las políticas “intervencionistas” en el sector de la vivienda, generan un entorno de “incertidumbre que perjudica la estabilidad de los derechos de propiedad y, por ende, el progreso económico y social”, según el IEE.

Este tipo de denuncias en España mostró una tendencia al alza en los últimos 15 años, multiplicándose más de seis veces en este periodo. Durante el periodo 2018-2024, el aumento de este tipo de denuncias fue del 34,5%. En 2024, el número de denuncias por ocupación ilegal de inmuebles alcanzó casi los 16.500 casos, lo que supone un incremento del 7% respecto al año anterior.

Si se analiza este indicador de ocupación de viviendas en España en relación con el número de viviendas vacías en cada comunidad autónoma, los datos muestran que Cataluña presenta la mayor incidencia en comparación con el total nacional, con un índice de ocupación que es casi 4 veces superior al total nacional.

“La tolerancia con la ocupación está ocasionando la desincentivación a la oferta inmobiliaria, tensión en el mercado y se ha traducido en una clara externalidad negativa para las familias más vulnerables que ven mayores dificultades de acceso a una vivienda al aumentar los precios y las rentas del alquiler”, alerta el informe.

MARCO REGULATORIO

Pero el marco regulatorio actual, influido por la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, no ha resuelto la problemática. El informe subraya que “la normativa actual sigue siendo insuficiente para garantizar la seguridad jurídica de los propietarios y fomentar un mercado de alquiler estable”.

Junto a lo anterior, esta regulación también presenta medidas intervencionistas, como la limitación de alquileres en zonas tensionadas, lo que agravaría el problema de acceso a la vivienda. Además, señala que también preocupa el fenómeno de la ocupación en viviendas en alquiler por parte de arrendatarios que dejan de pagar la renta y continúan habitando el inmueble.

El informe recoge los datos sobre desahucios por impagos de alquileres en el periodo reciente y, se constata que estos aumentaron un 4,5% en 2024. Por ello, desde el IEE consideran que “es preciso introducir una serie de medidas que agilicen los procesos judiciales para la recuperación de propiedades ocupadas ilegalmente, siguiendo las mejores prácticas europeas, así como elevar las penas para este tipo de delitos”.

Entre estas medidas sobresalen que se agilicen los procesos judiciales para la recuperación de propiedades ocupadas ilegalmente, se equipare el delito de usurpación al de allanamiento de morada o que el propietario esté exento del pago de impuestos del inmueble durante el procedimiento judicial de desalojo.