Este nuevo convenio significa, según declaró a Servimedia Fernández de la Vega, "un paso adelante, si se consigue que ninguna de las legislaciones de países europeos haga mención al delito político". En su opinión, "en el ámbito de la Unión Europea no se puede hablar de delito político, puesto que hblamos de países democráticos".

Esta propuesta ya se ha transmitido a los gobiernos de los doce países miembros de la Unión Europea y se está estudiando en todos ellos. Al parecer, el único que podría tener problemas constitucionales para aceptar este supuesto es Grecia.

De aprobarse esta iniciativa del Gobierno español, ningún terrorista etarra detenido en otro país comunitario podría acogerse a los beneficios que supone ser considerado un delincuente político y, por tanto, las extradiciones se gilizarían en gran medida.

Esta es una de las iniciativas que el Ministerio de Justicia e Interior impulsará durante el segundo semestre de 1995, momento en que corresponde a España la presidencia comunitaria.

Fernández de la Vega discutió este punto con el responsable de Justicia francés, Pierre Mehaignerie, con quien coordinó en su reunión de hace dos semanas los objetivos conjuntos que desarrollarán ambos países durante 1995, año en que les corresponderá la presidencia comunitaria sucesivament.

Durante el primer semestre (presidencia francesa) se sacará adelante el proyecto de "extradición simplificada", modalidad automática que se produce cuando el extraditado expresa su voluntad de someterse a juicio en su país.

La responsable de Justicia explicó que, en lo tocante a las extradiciones de etarras pendientes de solución en países hispanoamericanos, el Gobierno está desarrollando una intensa actividad diplomática para que se agilicen.

Recordó también que "el cambio de postura de Uuguay (que repatrió a tres etarras en agosto) ha supuesto para España un avance muy importante, porque supone la creación de una nueva sensibilidad respecto a estos temas en esos países".

LEGISLACION CIVIL

Los gobiernos comunitarios también están comprometidos en un proyecto de "aproximación de las legislaciones para luchar contra la delincuencia organizada".

En el ámbito civil, los miembros de la Unión Europea pretenden reformar el procedimiento por el que se resuelven los casos de guardia y cstodia de hijos cuyos padres viven en distintos países comunitarios.

Hasta ahora, los casos de separación, nulidad o divorcio se trataban en determinados tribunales, mientras que los casos de guardia y custodia de los hijos siempre eran competencia de los tribunales donde residían los niños y podía ocurrir que los casos se trataran en países distintos.

Con esta reforma se pretende que sean los mismos tribunales los que dicten sobre las separaciones y divorcios y sobre el destino de los hijos de l pareja. Para ayudar a la resolución rápida de los casos civiles también se tratará de simplificar la transmisión de datos de órganos judiciales en materia civil para lo que se está elaborando un convenio.