La norma, adoptada a propuesta de los ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y de Agricultura, Pesca y Alimentación, actualiza el real decreto de hace 26 años y es clave para reducir los problemas de la contaminación por nitratos agrarios en las masas de agua y para alcanzar los objetivos ambientales señalados por la legislación nacional, fijados a través de los planes de cuenca, y la UE.

La nueva norma modifica y renueva la transposición a la legislación española de la Directiva europea relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.

Esa Directiva impone a los Estados miembro de la UE la obligación de identificar las aguas afectadas por este tipo de contaminación, vigilando la concentración de nitratos a través de estaciones de muestreo. También establece criterios para designar como zonas vulnerables las superficies cuyo drenaje dé lugar a la contaminación por nitratos y para poner en funcionamiento programas de actuación coordinados con las actividades agrarias.

Los esfuerzos de los últimos años no han paliado los efectos de este tipo de contaminación. El alto contenido en nitratos de ríos y acuíferos es uno de los principales problemas existentes en las masas de agua de todo el país. En concreto, afecta a un 22% de las masas de agua superficial y al 23% de las masas de agua subterráneas en España.

OBJETIVOS COMUNITARIOS

La UE considera la contaminación de origen difuso como un problema central en sus políticas ambientales y agrarias. Por ello, ha planteado estrategias como la llamada ‘De la granja a la mesa’, alineada con la Estrategia de Biodiversidad para 2030 del Pacto Verde Europeo, que contribuyen a afrontar este problema.

Estas líneas de acción marcan, entre otros objetivos, una reducción de la contaminación por exceso de nutrientes del 50%, lo que supondrá una reducción del 20% en el uso de fertilizantes.

La actualización del real decreto establece criterios más ambiciosos que los actuales para identificar mejor las aguas afectadas por nitratos y determina umbrales más exigentes para la declaración de aguas afectadas y la designación de zonas vulnerables. Por ello, también se estudiarán las presiones agropecuarias, urbanas y otras que puedan considerarse significativas, así como los impactos registrados sobre las aguas.

La aplicación de la nueva norma conllevará un incremento de hasta el 50% de la superficie de las zonas protegidas que se han identificado como vulnerables a este tipo de contaminación. Sobre ellas se desarrollarán programas de actuación más exigentes, con limitaciones específicas sobre fertilización vinculadas a las que se regulen en la planificación hidrológica.

La normativa también incrementa la densidad de estaciones de control y aumenta el número y frecuencia de los muestreos en las aguas para analizar su contenido en nitrógeno y otros contaminantes asociados, y establece medidas adicionales y acciones reforzadas para revertir la contaminación existente.

Toda esa información será pública para que pueda ser usada por los ganaderos y agricultores para ajustar sus pautas de fertilización. De esta forma, habrá un informe cuatrienal que analice la eficacia de las medidas que se contemplen, que se remitirá a la Comisión Europea.

COORDINACIÓN Y COMPETENCIAS

La norma establece las responsabilidades que corresponden a las administraciones públicas para conseguir una implementación coordinada de todas las medidas. Así, se fijan las obligaciones que deberán asumir las autoridades del agua y las agrarias, tanto de la Administración General del Estado como de las comunidades autónomas; estas últimas ostentan las competencias en agricultura, ganadería y gestión en la protección del medio ambiente en el territorio.

Tras la aprobación del real decreto, las comunidades autónomas tenderán que actualizar sus zonas vulnerables y reforzar los programas de seguimiento de las aguas para determinar la evolución de la contaminación, tarea que corresponde a las autoridades de cuenca.

NUEVA PLANIFICACIÓN

Por otro lado, el real decreto permite que los nuevos planes hidrológicos de cuenca, que se aprobarán en los próximos meses, puedan establecer los umbrales máximos de excedentes de nitrógeno para cada masa de agua afectada por nitratos cuando se considere necesario para alcanzar los objetivos ambientales.

Además, los organismos de cuenca y las administraciones hidráulicas podrán establecer limitaciones a nuevas concesiones y a otras actividades sujetas a su autorización para evitar una concentración de presiones que puedan impactar sobre las aguas, lo que se valorará con las previsiones del plan hidrológico correspondiente.

Además de elaborar y velar por el cumplimiento de los programas de actuación en las zonas declaradas como vulnerables, las comunidades autónomas también elaborarán códigos de buenas prácticas agrarias que los agricultores aplicarán obligatoriamente en las zonas vulnerables, con el fin de reducir la contaminación producida por los nitratos de origen agrario.

Estos códigos deberán recoger los períodos en que no es conveniente aplicar fertilizantes a las tierras, las condiciones de su aplicación en tierras cercanas a cursos de agua y los requisitos necesarios que aseguren que los estiércoles, purines y abonos en general no pongan en peligro la salud humana o dañen el medio ambiente.

Asimismo, las comunidades autónomas deberán establecer programas de fomento de la puesta en práctica de los códigos de buenas prácticas agrarias, que incluirán la formación e información a los agricultores.