El estudio ‘La pobreza infantil en España: evolución reciente y políticas’, editado por Funcas, señala que la posición española resulta “muy preocupante” si se tiene en cuenta que el país se encuentra en un escalón medio-alto en términos de renta per cápita. Además, apunta que la diferencia respecto a la UE-27 ha aumentado en los dos últimos años, hasta los 9,5 puntos porcentuales en 2023 y los 9,9 en 2024.

Esta evolución es distinta para el conjunto de la población: la diferencia de la tasa de pobreza total respecto a la UE-27 bajó hasta los 4 puntos en 2023 y los 3,5 en 2024 (19,7% en España vs. 16,2% de media en la UE), por lo que la peor parte se la lleva la infancia.

España también sale mal parada en términos de riesgo de pobreza o de exclusión social entre los menores de 18 años, con un 34,6% frente al 24,2% del promedio europeo. En comparación con el resto de países, en España se observa también una marcada brecha generacional: la diferencia entre la incidencia del riesgo de pobreza o exclusión social en menores supera los 10 puntos porcentuales la de los adultos, una de las más elevadas.

Entre las causas que explican esta situación, el estudio, cuyos autores son Miguel Ángel Malo y Fernando Pinto, explica que, a pesar de disponer de recursos comparables a los de otros países, la configuración de las prestaciones sociales dirigidas a la infancia, la escasa cuantía de los recursos específicamente destinados a esta y la falta de universalidad reducen su efectividad. “Frente a modelos más robustos y generalizados como los de Francia, Alemania o los países escandinavos, España se sitúa en una posición intermedia que no consigue romper la mala evolución de la pobreza infantil -menores que viven en hogares por debajo del umbral de pobreza-“, añade el informe.

En este sentido, alerta de que el sistema de impuestos y transferencias en España reduce la pobreza infantil en apenas uno o dos puntos porcentuales, cuando en los países europeos de referencia el impacto es de cuatro a ocho puntos.

VIVIENDA

Otro factor que explica la diferencia española respecto a Europa es el déficit estructural de vivienda social y de alquiler asequible. Mientras que el promedio europeo de la vivienda protegida o subvencionada se sitúa en torno al 7% del parque de vivienda, en países del norte y centro de Europa alcanza entre un 15% y un 25%. Sin embargo, en España la cobertura apenas llega al 2%. “Esta carencia expone a los hogares con menores a un esfuerzo residencial desproporcionado que erosiona su renta disponible y amplifica el riesgo de pobreza”, asevera el estudio.

El nivel educativo de los padres es otro de los factores relevantes. De hecho, un nivel educativo más alto de los progenitores no ofrece en el caso español una protección tan eficaz como en otros países europeos: la tasa de pobreza infantil entre hijos de padres con educación terciaria alcanza el 18,9%, frente a la media del 11% de la UE. Esta cifra apunta a una rigidez en los mecanismos de movilidad social ascendente y a la existencia de barreras que no se neutralizan únicamente mediante la acumulación de capital humano.

En otro orden de cosas, el mercado de trabajo español actúa como un factor estructural de riesgo. Los hogares donde ningún adulto trabaja padecen un incremento de hasta 34 puntos porcentuales en la probabilidad de pobreza infantil. También se encuentra que mejoras relativamente reducidas en los ingresos laborales del hogar pueden tener un efecto muy importante en la reducción del riesgo de pobreza infantil.

Por tanto, los autores del estudio indican que “no es solo una cuestión de que los hogares pobres con niños carezcan de empleo, sino también de los ingresos que pueden generar esos empleos”. De hecho, la elevada incidencia de contratos temporales, de la parcialidad involuntaria y de salarios bajos es un factor relevante de pobreza infantil en España.

El estudio explica que la incidencia de la pobreza infantil es uno de los indicadores más relevantes para cualificar los datos generales sobre pobreza en un país o región, puesto que no solo refleja problemas actuales, sino que se relaciona con la incidencia de la pobreza en el futuro, pues quienes de niños viven en un hogar pobre tienen un elevado riesgo de ser pobres en su vida adulta.

Así, las medidas para disminuir la pobreza infantil pueden tener impacto tanto en el corto como en el largo plazo, ahorrando costes personales y económicos presentes y futuros. A este respecto, los autores consideran que para romper esta dinámica habría que repensar las políticas públicas orientadas a la infancia.

“No basta con invertir más: es necesario invertir mejor. Se requiere un enfoque integral que combine mejoras en el sistema educativo, incentivos al empleo estable y digno para padres y madres, ampliación de las prestaciones por hijo a cargo y fortalecimiento de las políticas de vivienda”, concluye.