Se trata de una previsión que se realiza a principio de cada anualidad, en función de los programas operativos aprobados por las comunidades autónomas. La ayuda europea será aproximadamente el 85 % de dicha cifra.

La tendencia, tanto en ejecución como en percepción de ayudas, se mantiene al alza desde la aplicación en España de este régimen de ayudas al sector hortofrutícola en el año 1997. España es el primer perceptor de estas ayudas europeas, con un 33% del total, seguida de Italia (29%) y Francia (15%).

Estas ayudas van a beneficiar a 407 organizaciones de productores de frutas y hortalizas y sus asociaciones repartidas en 15 comunidades autónomas, en función del valor de la producción comercializada. Las principales perceptoras son Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, Extremadura y Navarra.

Tras tres años desde el inicio de la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027, por primera vez todos los programas operativos se ejecutarán en 2026 al amparo del Reglamento de los Planes Estratégicos.

El régimen de ayudas al sector de las frutas y hortalizas está establecido en el Reglamento (UE) 2021/2115 y se desarrolla normativamente en el Reglamento Delegado (UE) 2022/126 de la Comisión. Consiste en que las OPFH y sus asociaciones que constituyan un fondo económico (denominado fondo operativo), formado por la ayuda de la UE y por las contribuciones de las propias organizaciones y de sus miembros, tienen la posibilidad de acceder a una asistencia financiera para realizar diversas intervenciones.

Entre ellas, las destinadas a la mejora de las infraestructuras de producción y comercialización, de la calidad o el medio ambiente, de investigación y desarrollo de métodos de producción innovadores, de formación y asesoramiento o de prevención de crisis y gestión del riesgo, en el marco de los programas operativos de carácter plurianual.

Así, las OPFH se pueden beneficiar de una ayuda UE en régimen de cofinanciación del 50% del coste de los gastos efectuados (ampliable al 60%, 80% o incluso al 100% en determinados casos) hasta el límite general del 4,1% del valor de producción comercializado de cada entidad. Este último porcentaje también es ampliable en caso de organizaciones o asociaciones transfronterizas o que contribuyan a determinados objetivos.