Estas son algunas de las conclusiones del estudio 'Retos de las Políticas de Empleo en España', elaborado por UGT y la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), en el que se advierte de que, pese al "importante dinamismo" del mercado laboral español, el paro juvenil se mantiene en un 24,5% en 2025, diez puntos por encima de la media de la UE (14,9%).

Según el estudio, aunque la reducción del paro juvenil ha sido "importante" desde el 57% registrado en 2013, la cifra actual sigue siendo "muy alta". En cuanto al desempleo de larga duración, la tasa española se ha reducido a una tercera parte de la de 2013, pero todavía duplica la media de la Unión Europea.

El documento sitúa a España en la mitad superior de los países de la UE que más gasto público destinan a las políticas activas de empleo en porcentaje del PIB (un 0,762% en 2022). Sin embargo, advierte de que "el elevado volumen de personas desempleadas hace que el gasto por parado sea bajo".

Asimismo, el análisis califica la formación como "el gran reto pendiente de las políticas activas de empleo del país". En este sentido, subraya que la partida presupuestaria destinada a formación es la que menos crece (1,7%) y la que presenta una menor ejecución (67%), lo que dejó 616 millones de euros sin gastar.

Para los autores del informe, la formación, combinada con la tutorización individual, "genera un mayor incremento en las tasas de inserción" y "debe ser la principal política activa para las personas jóvenes".

Finalmente, el informe aboga por reforzar los servicios públicos de empleo, tanto el SEPE como los autonómicos, que se encuentran "excesivamente tensionados". Destaca que el SEPE adolece de un gran número de vacantes (el 29,7% de los puestos de trabajo previstos no están cubiertos) y critica la sobrecarga de los servicios en comunidades como Andalucía (240 parados por empleado público), Canarias (307) y Madrid (316), frente a los datos del País Vasco (76) o Galicia (102).

El informe fue presentado en rueda de prensa por la vicesecretaria general de UGT, Lola Navarro; el responsable de Políticas Territoriales del sindicato, Eduardo Magaldi, y el profesor de Derecho del Trabajo de la UC3M y coordinador del informe, Daniel Pérez del Prado.