Así lo sostuvo Diego Martínez Belío en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, en respuesta al diputado del PP Rafael Hernando, quien le preguntó por las medidas que ha adoptado a cabo el Gobierno para defender la soberanía española y la de sus aguas frente al proyecto urbanístico ‘Eastside’ de Gibraltar, ubicado en una Zona de Especial Conservación del Estrecho Oriental, que constituye una violación flagrante de la legislación internacional y el Tratado de Utrecht.

Martínez Belío subrayó en primer lugar que “son aguas españolas”, y añadió que esa es la posición constante de España “y no hay duda al respecto”.

En cuanto a la construcción o relleno de espacios no cedidos por el Tratado de Utrecht, como es el caso de las aguas, el secretario de Estado recalcó que “constituye una violación de la soberanía e integridad territorial de España”.

Además, afirmó que el caso concreto del proyecto urbanístico ‘Eastside’ supone “una transgresión de normativa medioambiental”, al ejecutarse en aguas españolas incluidas en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Estrecho Oriental.

Asimismo, el secretario de Estado desveló que, desde que Gibraltar inició el citado proyecto, el Gobierno de España ha protestado formalmente ante el Reino Unido a través de nota verbal y carta “en numerosas ocasiones”.

Con esto, explicó, “no solo transmite el malestar, sino que impide que se consolide desde el punto de vista del derecho internacional una aquiescencia en esa violación de la soberanía española”.

Uno de los puntos que señaló fue que la cuestión medioambiental “incluyendo los rellenos” ha sido uno de los asuntos abordados en el marco de la negociación del nuevo acuerdo respecto a Gibraltar entre la Unión Europea y el Reino Unido.

En dicho acuerdo, que entrará en vigor de forma provisional el 15 de julio, existen unas disposiciones sobre materia medioambiental por las que, aseguró, “Gibraltar estará obligado a respetar los estándares de la UE y a no desviarse de los mismos”.

Además, indicó que estas disposiciones van acompañadas de un mecanismo de solución de diferencias en el que un panel de expertos en cuestiones medioambientales velará por el cumplimiento estricto de las obligaciones de las partes en el capítulo medioambiental del acuerdo.

El Gobierno de España, insistió, “velará junto con la Comisión Europea por dicho cumplimiento por parte de las autoridades británicas de Gibraltar”.

En resumen, dijo, es intención del Gobierno “usar todos los recursos del acuerdo para evitar un daño medioambiental más grave en esta zona”.

Finalmente, enfatizo que el Ejecutivo “tendrá absoluta firmeza defendiendo su posición inalterable de reclamación de soberanía sobre el istmo de Gibraltar y sobre la naturaleza de soberanía española de las aguas que rodean a Gibraltar”.