El informe se ha realizado a instancias de Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón Oxfam y Médicos sin Fronteras, organizaciones promotoras de la campaña "Adiós a las armas".

Según advierte Greenpeace en un comunicado, las características de esta venta de proyectiles por parte de España muestran unas connotaciones "especialmente perniciosas", ya que, en opinión de las ONG, Guinea Ecuatorial no cumple con todos los requisitos del Códig de Conducta sobre transferencias de armamento aprobado por la Unión Europea.

Asimismo, recalca que el hecho de que el importe de los productos exportados superen las 15.000 pesetas por unidad evidencia que no se trata de munición común o cartuchería de caza, "sino de proyectiles pesados destinados hacia las fuerzas de seguridad".

En este sentido, las ONG recuerdan que, desde hace años, el Gobierno de Guinea Ecuatorial se caracteriza por la sistemática aplicación del terror y el hostigamiento a ls opositores políticos, la persistencia de la tortura y de los malos tratos, las detenciones arbitrarias y los juicios injustos, y por graves restricciones a la libertad de información y expresión. Además, Guinea Ecuatorial no ha suscrito acuerdos tan básicos como la Convención contra la Tortura o el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Este jueves el secretario de Estado de Comercio comparecerá ante la Comisión de Defensa del Congreso para la presentación del informe sobre las exportaciones de mterial de defensa en 1999. Según Vicenç Fisas, titular de la Cátedra Unesco y coordinador de la campaña, "el hecho de que nosotros estemos mostrando datos del año 2000 cuando el Gobierno aún no ha presentado al Parlamento los del 99 es injustificable".

Además, añade Fisas, "el retraso con el que el Gobierno informa de sus ventas de armas elimina cualquier posibilidad de acción preventiva".

La campaña "Adiós a las armas", que congrega a más de 1,5 millones de socios en España, lleva más de un año egociando en el Congreso de los Diputados la aprobación de un compromiso político para establecer mayores niveles de transparencia y control en las transferencias. "A día de hoy aún no se ha recibido respuesta sobre la posición del Gobierno central en esta cuestión", concluyen las ONG.