Marlaska participó en Bruselas en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI), en el que los ministros del Interior de la Unión Europea tratarán de alcanzar un acuerdo sobre el contingente anual de solidaridad, el nuevo mecanismo para repartir de forma más equitativa la responsabilidad en materia de asilo, como parte del Pacto sobre Migración y Asilo, que será aplicable a partir del 12 de junio de 2026.

El ministro recordó que España ha sido definido “como uno de los países bajo una situación de presión migratoria” y agregó que el país siempre ha defendido que el Pacto debe evaluar “el justo equilibrio entre la solidaridad y la responsabilidad”. La propuesta de la Comisión contemplaba 30.000 reubicaciones mínimas anuales y una contribución financiera anual de 600 millones de euros.

“Si se toca la solidaridad, entendemos que se debe tocar igualmente a la responsabilidad para no romper ese equilibrio. En este sentido, respecto al paquete solidaridad, y estando conformes con la propuesta de la Comisión, no así con la de la Presidencia, por las razones que acabo de indicar, nos abstendremos en cuanto al paquete de solidaridad”, expresó Marlaska a los medios a su llegada al JAI.

El ministro también adelantó que España mantendrá su oposición al Reglamento de Tercer País Seguro y al Reglamento de Retorno, que también estarán sobre la mesa en el JAI. Interior entiende que el primero puede suponer “una vulneración o una no aquietamiento al ordenamiento internacional”, tanto en el marco de los Derechos Humanos como en el de la proporcionalidad y en el de los respetos a los valores de la UE.

En cuanto al Reglamento de Retorno, Marlaska recordó que la UE ya cuenta con una regulación en la que “es voluntario el reconocimiento de las órdenes de retorno dentro del Espacio Schengen”, por lo que la propuesta no supone un avance en términos de “libertad, seguridad y justicia”.

El ministro del Interior insistió en que España está “absolutamente involucrada en la lucha contra la inmigración irregular” y mantiene el trabajo tanto con los países de origen como con los de tránsito, además de desmantelar organizaciones criminales sobre el terreno.

PLAN DE ACCIÓN CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

Marlaska anunció que, durante la cena de trabajo del domingo, los ministros del Interior valoraron el Plan de Acción Contra la Criminalidad Organizada, de 2022, y empezaron a preparar el segundo, que esperan tener aprobado en 2026 en una reunión en París.

En el encuentro del domingo por la noche, los ministros, junto con el comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, abordaron las distintas propuestas “para no solapar las iniciativas y ser mucho más eficaces en la lucha contra la criminalidad”.

El siguiente Plan se enfocará en seguir avanzando en el desmantelamiento de las redes criminales y en trabajar “de una forma efectiva” en erradicar los entramados económicos financieros de las organizaciones criminales.

Asimismo, se planteó la protección a las infraestructuras críticas de cualquier tipo de infiltración y trabajar en ello desde la prevención. Marlaska también apuntó que existe “una preocupación máxima con el reclutamiento de menores en dentro de organizaciones criminales” y que se seguirá teniendo como un pilar “relevante y trascendente” la cooperación internacional.