Así lo anunció dicha organización en un comunicado en el que precisó que los siete administradores fueron elegidos por la Asamblea General Extraordinaria del 21 de julio y que el 9 de septiembre se expidió el resguardo oficial de la declaración de cambio de los titulares de los órganos de gobierno y el día 21 entró en funciones su Consejo de Administración, dando inicio al vigésimo primer mandato constitucional de la organización.

El Consejo reúne a dirigentes de siete países y tres continentes, con trayectorias que suman décadas en política familiar, protección de la infancia, acción humanitaria, inclusión social y cooperación internacional y su presidente es el portugués Isidro de Brito; su vicepresidente de Programas Familiares, el suizo Philippe Gnaegi; el vicepresidente de Asuntos Financieros, el canadiense Ahmed Hussein; la secretaria general, la libanesa Amal Farhat y, como administradores, también están el tunecino Khalifa Khammari y el croata Martin Makarun.

La “prioridad” del mandato es la protección de las familias afectadas por conflictos armados y facilitación de la reagrupación familiar, teniendo en cuenta que 117,8 millones de personas estaban desplazadas por la fuerza a finales de 2025.

La Unión ostenta desde 1948 el estatuto consultivo general ante el Consejo Económico y Social, el más alto de los tres niveles de reconocimiento al alcance de una organización no gubernamental y que solo poseen unas 140 de las 6.494 organizaciones con estatuto consultivo activo a finales de 2024. Es el único nivel que permite proponer temas para el programa del Consejo, presentar exposiciones por escrito de hasta 2.000 palabras e intervenir oralmente ante él y la Unión cuenta además con representación oficial ante las comisiones regionales de las Naciones Unidas para África, Europa, Asia Occidental y América Latina y el Caribe.

MANDATO

La Asamblea adoptó las orientaciones estratégicas del mandato, resumidas en el lema ‘Unidos por las familias: fieles a nuestra tradición, mirando al futuro’ y el programa se

asienta en tres compromisos, como son restablecer unos cimientos institucionales sólidos, transparentes y conformes a la ley; reencontrar y movilizar a las organizaciones miembro y reforzar la acción en favor de las familias, concretados en siete ejes, de la gobernanza y la sostenibilidad financiera a la incidencia internacional, la protección e inclusión de las familias, la juventud y la solidaridad intergeneracional, la respuesta a las crisis y el refuerzo de capacidades.

En este contexto, el presidente advirtió de que “detrás de cada estadística hay un rostro: una madre que cruza una frontera llevando a sus hijos de la mano, un abuelo que se quedó atrás, un niño que ha aprendido a llamar “casa” a una tienda de campaña”. “Las familias no pueden seguir siendo una nota a pie de página de las políticas mundiales: son el cimiento de toda sociedad”, abundó.

“Hemos recibido un mandato de confianza y una herencia de más de setenta y cinco años; la honraremos con una institución sólida, transparente y conforme a la ley, y la llevaremos a los lugares donde se toman las decisiones. A cuantos, a lo largo de estos años, se alejaron, les dirijo una invitación sencilla y firme: vuelvan. Este proyecto no pertenece a una organización: pertenece a todas las familias del mundo y se construye con todos”, resolvió.