La reforma del artículo 40 de la Lisos, impulsada por el diputado republicano y titular de Trabajo, Jordi Salvador, nace de la tragedia de la explosión en una planta petroquímica de la provincia de Tarragona, el 14 de enero de 2020, en la que murieron tres personas —dos trabajadores y un vecino impactado en su domicilio por un proyectil de acero de 800 kilogramos—. La sanción de la Inspección de Trabajo fue de solo 180.000 euros, el máximo legal, susceptible además de descuento.

"La vida de un trabajador no tiene descuento. Esta es la idea sencilla que hoy se convierte en ley", defendió Salvador. "Hasta ahora, una empresa que mataba a un trabajador por negligencia podía comprar su impunidad con un pago rápido. Se ha acabado”, sentenció el diputado republicano.

La reforma se enmarca en la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales, aprobada por el Consejo de Ministros el 28 de abril de 2026, que actualiza la norma que tiene ya más de tres décadas de vigencia. El Gobierno la aprobó como anteproyecto, por lo que todavía tiene que volver al Consejo de Ministros como proyecto de ley y, después, ser remitida al Congreso, donde deberá buscar apoyos suficientes, teniendo en cuenta que CEOE no rubricó el pacto entre Trabajo y los sindicatos.