La Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales se publicó el pasado 29 de marzo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con el fin de promover la tenencia y la convivencia responsable, y luchar contra el maltrato y el abandono de animales, así como fomentar la protección de los derechos y el bienestar de los animales; impulsar la adopción y el acogimiento; desarrollar actividades formativas, divulgativas e informativas en materia de protección animal, y promover campañas de identificación, vacunación, esterilización, cría y venta responsable.

El grueso de sus medidas entró en vigor seis meses después, el 29 de septiembre, pero algunas permanecen en el tintero. La norma indica que, “en el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno deberá presentar un proyecto de ley de grandes simios”. Ese periodo concluyó el 29 de diciembre de 2023.

“Estos seres, dotados de capacidades cognitivas complejas, lazos sociales fuertes y sensibilidad emocional, siguen siendo víctimas de la cautividad injustificada, el entretenimiento forzado, la explotación comercial y condiciones de vida indignas”, apunta Estrems.

Esta diputada subraya que una ley específica para los grandes simios responde a “una demanda ética y científica, alineada con estándares internacionales y compromisos multilaterales”, como los promovidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) o el Proyecto Gran Simio.

“Su contenido debería prohibir la reproducción en cautividad sin justificación conservacionista real, la experimentación, el uso en espectáculos y medios audiovisuales, los traslados que fracturan grupos familiares, y garantizar protocolos estrictos de emergencia y bienestar”, apunta Estrems.

“TEMOR” DEL EJECUTIVO

Por otro lado, el director ejecutivo de Proyecto Gran Simio, Pedro Pozas, precisó que esa ley “no afecta a ninguna otra normativa, ni supone un esfuerzo económico adicional”. Advirtió además que este retraso puede deberse al temor del Gobierno a que el debate parlamentario sea utilizado por la oposición para ridiculizar la ley, como ya ocurrió en 2008, cuando la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Congreso aprobó una proposición no de ley en defensa de los grandes primates.

“Columnistas, tertulianos y medios de gran audiencia llegaron a afirmar absurdos como que se quería conceder a los simios derechos a una vivienda o a un empleo. Basta revisar la hemeroteca para ver la manipulación”, recordó Pozas.

A este respecto, destacó: “Los grandes simios han sido explotados durante décadas como atracciones o sujetos de experimentación. Esta ley garantizaría condiciones dignas, el fin de la reproducción en cautividad y su posible reubicación en santuarios donde puedan vivir en paz, lejos del sufrimiento y del interés comercial. Las jaulas, con el tiempo, deben quedar vacías para siempre”.