La garantía pública estatal es un sistema a través del cual el Estado asume el compromiso de asegurar las obras de relevante interés cultural frente a la posible destrucción, pérdida, sustracción o daño que puedan sufrir entre el acuerdo del préstamo y la devolución de la obra.

Por tanto, no hay un coste inmediato, sino un compromiso del Estado, como asegurador, para hacer frente a un pago si alguno de los bienes culturales resultase dañado.