Los 261 millones han sido desembolsados por la Dirección del Tesoro en el plazo transcurrido desde el pasado 27 de febrero, fecha en la que se aprobó el real decreto ley sobre el pago de indemnizaciones, hasta el día de ayer.

No obstante, Folgado reconoció que el número de expedientes que están siendo tramitados en la oficina de gestión de prestaciones habilitada especialmente para los afectads del síndrome tóxico es muy superior, hasta el punto de que prácticamente todos los días llegan nuevos casos remitidos desde la Audiencia Nacional.

Explicó que el trámite en la oficina, hasta que el expediente es remitido a la Dirección del Tesoro, lleva algunos días, puesto que, por una parte, hay que comprobar la corrección del mismo y, por otra, se deben descontar las cantidades ya abonadas en indemnizaciones anteriores en caso de que se hayan realizado.

El secretario de Estado no quiso confimar las cifras barajadas por el portavoz del PSOE en el debate, Angel Martínez Sanjuán, quien preguntó si la cuantía total de las indemnizaciones alcanzará el medio billón de pesetas para unos 20.000 afectados.

Folgado insistió en que es "imposible" aventurar una cifra cuando se habla de miles de afectados que pueden recurrir la cuantía de sus indemnizaciones. "Sería una frivolidad", añadió.

"Más allá del morbo de la cifra, lo importante es que se haga justicia con los afectados", agregó. El respnsable de Presupuestos recalcó que el sistema habilitado por el Gobierno agilizará el pago de indemnizaciones para dar por finalizado un proceso judicial que se ha prolongado durante los últimos 18 años.

Además, aseveró que estos pagos no tendrán consecuencias en los objetivos presupuestarios de este año, que se van a cumplir "razonablemente". Dejó claro que, en cualquier caso, se trata de un caso excepcional que no ocasionará un déficit estructural.

Por último, el secretario de Estado rechazó qu haya que hacer paralelismos entre este caso y el pago de indemnizaciones a las víctimas del terrorismo. Subrayó que, en este último caso, el Estado ha optado por la máxima rapidez y por no esperar a sentencias de la justicia que se podrían prolongar durante muchos años.