Se trata de María Goienetxea Garmendia, María Victoria Armendáriz Iraola y Angel María Hermosilla Bermejo, quienes, según Garzón, han podido incurrir en un delito de colaboración terrorista.

Garzón considera que "su actuación no es ajena a la actividad desarrollada en el ámbito de la organización criminal de ETA-KAS" y sostiene que estos imputados "desarrollan a través de AEK toda la dinámica relacionada con la enseñanz del euskera en el ámbito del frente cultural y de masas [...] como instrumento esencial para la construcción del llamado 'Estado Paralelo' al español, para deslegitimarlo y subvertirlo".

Con estos mismos argumentos, Garzón imputó un presunto delito de integración en la organización terrorista ETA-KAS a otros cuatro miembros de AEK: Juan María Mendizábal Alberdi, Eduardo Konde Rekondo, Erramún Osa Ibarzola y Angel María Olade Arrieta, que ya negaron las acusaciones ante Garzón.

Según el juez Garzn, la actividad de todos estos imputados en AEK "contribuye de forma eficaz a la consecución del único fin que persigue la organización terrorista a través de la violencia, la 'Alternativa Democrática', independencia y autodeterminación de Euskal Herría".