Requero manifestó a Servimedia que se trat de "una decisión política dentro del proceso de pacificación del País Vasco" sobre la que no se puede opinar desde el punto de vista jurídico, si bien indicó que los aspectos jurídicos, como son la concesión de los terceros grados, "deben sujetarse a la normativa legal".

Respecto a la posibilidad de que estas medidas sean discriminatorias para otros presos, indicó que "el tercer grado o el traslado a un centro cercano a su lugar de procedencia es un derecho que puede tener cualquier interno dependieno de sus circunstancias, y es perfectamente válido que se le conceda a uno y se le deniegue a otro. Otra cosa es que la denegación sea injusta".