Alfonso Alonso explicó que vive amenzado por ETA, razón por la que lleva escolta, y que procura "evitar hablar con concejales de Euskal Herritarrok", si bien agregó, a preguntas del abogado de Batasuna, que ninguno de éstos le ha coaccionado personalmente.

"El concejal de EH no ha venido directamente a mí a amenzarme, porque sabe perfectamente las consecuencias de ese acto", explicó Alonso, quien relató los scesos del chupinazo con el que se dió comienzo a las fiestas del 4 de agosto del año pasado.

Así, relató que le correspondía al concejal de EH dar el chupinazo, pero, dada su actitud de no condena al terrorismo, el Ayuntamiento de Vitoria decidió modificar el reglamento, de manera que iniciara las fiestas el alcalde.

Como respuesta, el concejal de EH lanzó su propio cohete desde un balcón particular frente al Ayuntamiento de Vitoria, minutos antes de que lo hiciera el Alonso, a quien lanzaron hueos y otros objetos durante el acto.

Asimismo, añadió que fue un arranque festivo "muy triste", debido al atentado de Santa Pola, en el que murieron dos personas, entre ellas una niña.

Tras señalar que en las corporaciones se trabaja para los ciudadanos, lo cierto es que la gente de EH utiliza sus cargos para trabajar por otros intereses, "que son los de ETA".

"Es indignante tener que compartir la corporación municipal con personas que no sólo no condenan el terrorismo, sino que defienden lospostulados de aquéllos que quieren acabar con nuestras vidas y nuestra libertad", agregó.

El testimonio de Alonso, junto con el de la alcaldesa de Lasarte (Guipúzcoa), Ana Urchueguía, del PSOE, fue solicitado por el fiscal para probar la presión a la que son sometidos los políticos no nacionalistas por parte de Batasuna.

APOYADA POR TRINIDAD JIMENEZ

Urchueguía, quien llegó al Tribunal Supremo acompañada de la candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Trinidad Jiménez, explicó que en el Ayuntaiento de Lasarte "hay violencia verbal" por parte de los concejales de EH y que en varias ocasiones se ha visto obligada a suspender los plenos.

Tras señalar que son habituales insultos como "fascista" o "asesina", Urchueguía relató que en una ocasión tuvo que llamar a la Ertzaintza para que desalojaran a los concejales de EH, quienes se negaban a retirar una pancarta alusiva a los presos de ETA que habían colocado sobre la mesa.

Urchueguía, que, a excepción de un paréntesis producido entre 19961999, lleva escolta desde 1984, añadió que en el lanzamiento del cohete que da comienzo a la fiestas fue apedreada y perdió el conocimiento, razón por la que decidieron cambiar la hora del chupinazo, aunque no la de la tamborrada, que se mantuvo igual.

Sin embargo, cuando ésta se iba a celebrar, la alcaldesa y su partido decidieron, para evitar incidentes graves, decidió no salir al balcón del Ayuntamiento de Lasarte y dar comienzo a las fiesta.

Esta testigo explicó que ningún concejal de EH le mpidió "físicamente" salir al balcón central, que, de hecho, estaba vacío (en los de ambos lados había ediles de la coalición "abertzale", PNV e IU). "Me lo impidieron sus militantes, que estaban abajo, entre el público", dijo.

Preguntada sobre cómo sabía ella que había militantes de EH, Urchueguía respondió que entre el público asistente, que profería amenazas e insultos, había antiguos concejales de la coalición "abertzale". "Si hubiéramos salido, habría habido heridos", dijo.

"No soy la alcaldsa de los que me han votado, sino de todos los ciudadanos de Lasarte. Tengo derecho a salir al balcón como representación máxima del Ayuntamiento y no he podido hacerlo", dijo a los magistrados del Supremo.

También relató cómo en un torneo juvenil, al bajar a la cancha para entregar los premios, se dió cuenta de que había estado sentada bajo una pancarta que la insultaba y la amenazaba.

Añadió que en aquel momento recibió el impacto de varios objetos, uno de los cuales le golpeó en el estómago y a dejó sin respiración, al tiempo que comenzó a oir aullidos "de un sector mayoritario" le gritaba "asesina" y la insultaban. "El ambiente, tengo que decirlo, era aterrador", agregó Uchueguía, quien explicó que tuvo que mantenerse así 40 minutos.

Tanto Alonso como Urchueguía explicaron que ningún concejal de EH ha condenado jamás un atentado de ETA y siempre proponen mociones en torno a los presos de la banda terrorista o similar.

VIRGEN DEL CARMEN

Los 16 magistrados encargados de este caso esccharon después el testimonio de tres personas que presenciaron una concentración de Batasuna, convocada el 16 de julio, a la salida de una festividad de la Marina: la Virgen del Carmen. Se trata del comandante de la Marina de San Sebastián, Carlos Galindo, el senador del PP Gonzalo Quiroga, y el delegado del Gobierno de Guipúzcoa, Juan Antonio Foncillas.

El senador Quiroga explicó que los actos consistían en una misa y en un vino español. Así, tras el acto litúrgico se dirigieron al club náutico para omar un refrigerio, pero a la altura del Ayuntamiento de San Sebastián se encontraron con la concentración, cuyos manifestantes lanzaron gritos de "Asesinos", "Fascistas", "Fuerzas de ocupación, fuera" y "Gora ETA".

Aseguró que nadie, incluso los miembros de la Ertzaintza que controlaban las manifestación, hizo ademán para silenciar a los que proferían tales gritos.

Quiroga afirmó que lleva escolta y que ha sido amenazado en tres ocasiones, aunque, tras la queja de los abogados de Batasuna, no puo detallarlas. A su juicio, "unos crean el ambiente para que después otros cumplan su cometido, que es asesinar".

CON CHULETA

Otra de las personas que acudió a dicha festividad de la Marina fue el subdelegado del Gobierno en Guipúzcoa, Juan Antonio Foncillas, quien necesitó mirar la "chuleta" que se había apuntado en la mano para decir el apellido de un miembros de EH al que había visto en la concentración.

Explicó que no domina el euskera, razón por la que se apuntó el apellido en la mano, al iempo que aseguró que dicho concejal es la imagen del portavoz de la coalición, porque le ha visto aparecer en diversos medios de comunicación local.

Foncillas explicó que en la concentración había entre 20 y 25 personas y que la Fiscalía de San Sebastián se interesó por los gritos de exaltación al terrorismo proferidos en la misma, si bien desconocía el estado de las diligencias practicadas.

La concentración, los gritos que se profieron fueron también corroborados por el comandante de Marina de an Sebastián, Carlos Galindo, quien también tiene escolta. Se reafirmó en señalar que, "delante de la Ertzaintza", los manifestantes corearon "al únisono" "Viva ETA".

Durante la tarde de hoy los magistrados verán varias pruebas audiosvisuales, consistentes en fotografías de más de 30 ayuntamientos del País Vasco gobernados por Batasuna, en cuyas fachadas había símbolos de Gestoras Pro Amnistía, ilegalizada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

También se proyectará un vídeo con maifestaciones de Anttón Morcillo, miembro de Batasuna, tras el atentado perpetrado por ETA en Santa Pola (Alicante).

HASTA EL LUNES

Las sesiones fijadas por la Sala Especial del Tribunal Supremo para la práctica de pruebas que ayuden a determinar si procede la ilegalización de Batasuna continuarán el lunes y el martes, días 13 y 14 de enero.

El lunes declararán una decena de testigos propuestos por la coalición "abertzale", con el fin de que expliquen la relación entre Herri Batasuna, Euskal Heritarrok y Batasuna, así como de la situación en el País Vasco.

Entre estos testigos se encuentran Fernando Barrena, portavoz de Batasuna en Navarra; el secretario general del sindato LAB, Rafael Díez Usabiaga; el portavoz de ELA, Germán Kortaberría, y el europarlamentario de la coalición "abertzale" Koldo Gorostiaga.

El día 14 de enero comparecerán ante los 16 magistrados, también como testigos, varios miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil.

EL INICIO

Este caso comenó el pasado 3 de septiembre, cuando la Fiscalía General del Estado y el Gobierno presentaron ante el Tribunal Supremo sus respectivas demandas de ilegalización de Batasuna, amparándose en la recientemente aprobada Ley de Partidos.

Ambas demandas fueron admitidas a trámite por la Sala Especial del Alto Tribunal, por considerar que se cumplían los requisitos previstos en la citada ley. Posteriormente, los magistrados decidieron unificar ambas causas, al estimar que tanto el Gobierno como la Fiscalía Genral del Estado solicitaban exactamente lo mismo.