Michavila, durante una rueda de prensa para presentar al nuevo magistrado español del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Francisco Javier Borrego, se preguntó "qué nivel de complicidad tiene Arzalluz con ETA como para tener la miseria moral" de pedir a los españoles que sigan pagando con sus impuestos a una formación polítca como Batasuna.

Según el ministro, cuestionar la ilegalización de la formación que lidera Arnaldo Otegi es pretender que los ciudadanos "sigamos pagando a ETA con nuestros impuestos, que sigamos financiando a quien nos asesina".

Indicó que esto es así porque se ha comprobado que las sedes de Batasuna han sido utilizadas por la banda etarra para esconder armas o se ha visto cómo la formación "abertzale" ha puesto sus listas electorales "al servicio" de ETA, al incluir a terroristas en sus candidturas.

Según Michavila, que después de conocer todo esto el presidente del PNV diga que la ilegalización de Batasuna es un "atropello jurídico" pone de manifiesto "un nivel de connivencia de Arzalluz con ETA que refleja una enorme miseria moral".

REFORMAS LEGALES

Por otra parte, el titular de Justicia se refirió al informe que está elaborando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la reforma del sistema de penas que está impulsando el Gobierno, y dijo que, por lo que se sabe, esta istitución va a dar un "sólido respaldo" a las propuestas del Gobierno.

A este respecto, calificó de "sugerencias de matiz" los cambios que habrían planteado algunos vocales del CGPJ, referidos a aspectos como la forma de calcular los beneficios penitenciarios o el alcance de la prisión preventiva.

Al mismo tiempo, Michavila aludió a la polémica generada por la obtención por parte del presunto etarra Joseba Garmendia de una plaza en la Universidad del País Vasco, y dio a entender que el Gobierno n descarta cambios legales para impedir que esto vuelva a suceder.

En este sentido, indicó que el Gabinete que preside José María Aznar seguirá impulsando "todas las iniciativas necesarias para cerrar los espacios de impunidad" para los etarras, que en la actualidad les permiten "aprovecharse" de las instituciones y de los impuestos de los españoles para sus fines.