La `batalla` fue iniciada por el primer gobierno de Felipe González en 1983, cuando se negó reiteradas veces a inscribir a HB como partido en el registro del Ministerio del Interior, petición formal presentada el 16 de diciembre de aquel año.

Hasta tres veces modificaron los entonces responsables de la coalición los estatutos, a instancias del propio ministerio, que entendía que no quedaban claros nila españolidad ni el acatamiento de los militantes a la Constitución. Esas modificaciones no le parecieron suficientes al ministerio y denegó la inscripción, lo cual motivó que HB iniciara la vía contencioso-administrativa.

La Sección Primera de la Audiencia Nacional sentenció el 31 de marzo de 1984 que HB tenía razón y ordenaba al ministerio que entonces dirigía José Barrionuevo su inscripción en el registro.

La Abogacía del Estado interpuso recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo el Tribunal Supremo que, en fallo de 23 de mayo de 1984, ratifica esa sentencia y ordena la inscripción con el argumento de que la españolidad de los militantes queda reflejada en el artículo 1 de sus estatutos "en forma suficiente".

Según el alto tribunal, "ni de la Constitución, ni de la Ley 54/78, ni de la ley 21/76 últimamente invocada, aparece la exigencia de una textual y explícita declaraciónde acatamiento a la Constitución".

"Porque el respeto a la Constitución y a la ley", proseguía la Sla de lo Contencioso-Administrativo en su fallo, "se infiere de la utilización de los recursos que una y otra otorgan a los ciudadanos y no precisa, por no exigirlo la normativa invocada, que se haga una específica declaración sobre el particular y consiguientemente el acto administrativo (la denegación de la inscricpión), al calificar como defectos formales los apuntados, ha incurrido en un error de calificación con el correlativo exceso de sus facultades (...)".

SEGUNDO INTENTO

Pese a este primer evés jurídico, el Gobierno socialista prosiguió en su empeño y ordenó a la Fiscalía General del Estado que promoviera la ilegalización de HB por la "ambiguedad" de sus estatutos, según argumentación que luego usaría la Fiscalía en su estrategia. Lo hizo ante el Juzgado de primera Instancia Número 15 de Madrid que, en fallo de 29 de septiembre, desestimó los argumentos de Interior.

Igual que la Sala Tercera de la Audiencia Territorial de Madrid ante la que recurrió el Estado. En fallo de 28 de octubre e 1985 esa instancia también rechazó esos argumentos y el caso llegó finalmente, en recurso de casación, a la Sala de lo Civil del Supremo.

Esta sala explica en su sentencia definitiva sobre el caso, hecha pública el 31 de mayo de 1986, que los delitos de los entonces "presuntos miembros del partido" no se pueden "atribuir" a la organización en su conjunto, ni cabe "un reproche de ilicitud penal para ésta".

No obstante, la Sala añadía que dictaba esa sentencia "sin perjuicio" de que posteriorment se pudiera ilegalizar si "no desarrollara sus actividades dentro de los límites lícitos estatutarios".

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