El observatorio estaría integrado por representantes de la Administración local, autonómica y central; los agentes económicos y las organizaciones de consumidores.

Este royecto responde a las recomendaciones del Libro Verde de la Comisión Europea y las del Parlamento Europeo. Su objetivo es prevenir y erradicar los posibles desajustes y desviaciones que la introducción de la moneda única pudiera producir en perjuicio de los derechos e intereses de los consumidores.