Esta fue una de las medidas aprobadas por los responsables de justicia europeos como parte del "Protocolo de Toledo", un documento que contiene unas reglas prácticas comunespara la implantación de la conocida como euro-orden.

Asimismo, acordaron el establecimiento de un sistema uniforme de formatos, modos de transmisión, comunicación, idiomas y los plazos para la transmisión y recepción de la orden; Así como el método para resolver la ejecución de una petición por varios delitos o la entrega de una misma persona a varios estados miembros.

Finalmente, convinieron el uso de las entregas temporales, denuncias oficiales y video conferencias, así como el empleo de nuevastecnologías, como instrumentos que permitan "una mejor y más rápida respuesta del Estado de Derecho frente al crimen organizado y el terrorismo".

El ministro de Justicia, José María Michavila, señaló que la euro-orden permitirá que "jueces, fiscales y policías de todos los países de la UE trabajen como un solo equipo para combatir los crímenes más graves".

En este sentido, señaló que los principales ámbitos de colaboración se darán en terrorismo, tráfico de seres humanos y drogas, crimen organizao, explotación sexual de menores y mujeres, delitos medioambientales y la defensa de la propiedad intelectual.

Los representantes de justicia europeos, firmaron una declaración conjunta, en la que rechazaron los "proyectos de desintegración" y "singularmente los que se planteen quebrando las más elementales reglas del Estado de Derecho".

"La importancia de continuar superando fronteras en la construcción de la Unión Europea que rechaza proyectos excluyentes que, en lugar de aunar voluntades comuns, tratan de disgregar la configuración actual de los estados", señala la mencionada declaración.