Según explicaron desde el Consejo de Europa, la declaración fue suscrita por consenso en la sesión anual del Comité de Ministros del Consejo de Europa en Chisináu (Moldavia).

En concreto, se buscó una postura común sobre cómo debería funcionar mejor el sistema de derechos humanos, especialmente en el complejo contexto de la migración. De cara al futuro, esta declaración servirá de guía tanto para el propio trabajo como para el de las autoridades y los tribunales nacionales.

El secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, afirmó que esta declaración es una señal contundente de apoyo al Convenio Europeo de Derechos Humanos y al Tribunal de Estrasburgo por los 46 Estados miembros.

La declaración subraya la “extraordinaria contribución” del sistema de convenios a la protección y promoción de los derechos humanos y el Estado de derecho en Europa, así como su papel fundamental para garantizar la seguridad democrática y la paz en todo el continente.

El texto reafirma el “profundo y constante compromiso” de los Estados miembros con el Convenio y su apoyo a la independencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Asimismo, destaca la necesidad de conciliar el interés general de la comunidad con los derechos individuales

La declaración establece una serie de principios clave que sustentan el sistema en su conjunto. Subraya que los Estados tienen la responsabilidad primordial de implementar el convenio, mientras que el Tribunal de Estrasburgo actúa, en última instancia, como salvaguardia en caso de que los derechos y libertades de las personas no estén garantizados a nivel nacional.

En lo que respecta a la migración en particular, la declaración señala que existen desafíos importantes y complejos relacionados con la migración en varios Estados del Consejo de Europa y que no abordarlos adecuadamente puede “debilitar la confianza pública en el sistema”.

Del mismo modo, se subraya que los países tienen el “innegable derecho soberano de controlar la entrada y la residencia de los extranjeros”, y que es tanto una obligación como una necesidad para los Estados proteger sus fronteras de conformidad con la Convención.

Determinadas secciones de la declaración aprobada se centran en las protecciones garantizadas por el artículo 3 (prohibición de la tortura y de los tratos o penas inhumanos o degradantes) y el artículo 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar) de la Convención.

La declaración también abarca los desafíos relacionados con la instrumentalización de la migración por parte de actores hostiles, los desafíos que plantean las llegadas masivas y los procesos adecuados de toma de decisiones, así como nuevos enfoques, como los "centros de retorno", para abordar y potencialmente disuadir la migración irregular.

En la sección final del documento se enfoca en la importancia de mantener un diálogo “abierto, informado y constructivo” entre países dentro del sistema, así como de comunicarse de manera que se fortalezca la confianza pública y se mejore la credibilidad del marco del Convenio en su conjunto.

Las negociaciones que condujeron a la declaración de este viernes se iniciaron en una conferencia informal de ministros del Consejo de Europa, celebrada por iniciativa de Berset en la sede de la organización en Estrasburgo el pasado mes de diciembre.