Así lo recoge el acuerdo provisional al que llegaron recientemente los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo para reformar la normativa de la UE sobre el retorno de migrantes en situación irregular, con el objetivo de agilizar y hacer más eficaces los procedimientos, respetando los derechos fundamentales.

En virtud de este acuerdo, que tendrá que ser ratificado por el Parlamento Europeo y luego deberá ser aprobado por el Consejo, la decisión de retorno emitida por autoridades nacionales competentes a una persona extracomunitaria irregular conllevará la obligación de abandonar el país de la UE en cuestión de inmediato o en un plazo determinado.

Desde el Parlamento Europeo explicaron que los nacionales de países no pertenecientes a la UE sujetos a una decisión de retorno deberán cooperar con las autoridades. Para preparar su retorno, los nacionales de terceros países podrán ser detenidos, tras una evaluación individual, por ejemplo, si no cooperan, presentan riesgo de fuga o suponen un riesgo para la seguridad.

Dicha detención deberá ser ordenada por una autoridad administrativa o judicial y el período de detención será el citado de hasta 24 meses en un Estado miembro de la UE, con la posibilidad de una prórroga de seis meses si cambian las circunstancias, surge nueva información o mejora la cooperación con el tercer país en cuestión.

Además, si extranjero extracomunitario se traslada a otro Estado miembro de la UE y existen motivos para su detención, podrá aplicarse un nuevo período de detención. Los Estados miembros de la UE también podrán exigir informes periódicos o la obligación de residir en un lugar designado.

Asimismo, podrán imponerse alternativas a la detención, como una garantía financiera o la vigilancia electrónica. La detención podrá ordenarse para menores no acompañados y familias con hijos, como medida de último recurso y durante el período más breve posible, teniendo en cuenta el interés superior del menor.

ACEPTAR REPATRIADOS

Las nuevas normas que recoge este acuerdo también permitirán la posibilidad de traslados, con excepción de los menores no acompañados, a un país que acepte acoger a la persona, en virtud de un acuerdo suscrito por un Estado miembro de la UE (los conocidos como centros de retorno).

Dichos acuerdos solo podrán celebrarse con terceros países que respeten los derechos humanos, el derecho internacional y el principio de no devolución, y los Estados miembros de la UE deberán informar a la Comisión y a los demás Estados miembros antes de que los acuerdos entren en vigor.

Las decisiones de retorno se incluirían en una “orden de retorno europea” y estarían disponibles, a través del sistema de información Schengen, en todo el espacio Schengen. Un Estado miembro de la UE podrá reconocer y ejecutar una decisión de retorno emitida por otro país miembro con base en la orden de retorno europea o emitir una nueva decisión de retorno.

La Comisión evaluará en un plazo de dos años si el sistema funciona eficazmente y podrá proponer nuevas normas, incluido el reconocimiento obligatorio de las decisiones de retorno en toda la UE.

El reglamento entrará en vigor en los próximos meses, en caso de ser ratificado, lo cual se espera que ocurra gracias a los votos de los partidos de derecha política.

Además, varias disposiciones de las normas, entre ellas las relativas a los centros de retorno, la evaluación de la edad de los menores y la dimensión externa de los retornos, se aplicarán de inmediato. Otras disposiciones que requieren medidas preparatorias entrarán en vigor 12 meses después de su entrada en vigor.

El eurodiputado del partido político neerlandés VVD (Partido Popular) Bajos Malik Azmani declaró que la normativa de la UE sobre retornos “necesitaba una reforma urgente” y el objetivo de este acuerdo es crear “un sistema de retorno eficaz, justo y viable, que garantizara un texto jurídicamente sólido”.

También detalló que “el último punto pendiente de debate era la entrada en vigor de la normativa”. Para el Parlamento Europeo, una entrada en vigor “rápida era esencial”, y aseguró que su partido luchará “con ahínco para conseguirla” y que “lo más importante es que Europa ofrezca un sistema que sea creíble y viable en la práctica”.