Se trata de Carlos Mur, responsable de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid y firmante del protocolo que impidió la derivación de mayores a hospitales desde residencias de públicas, y de Pablo Busca, exresponsable del Summa 112. Tan solo ha comparecido, igual que ayer, el sucesor de Mur, Francisco Javier Martínez Peromingo, quien ayer reconoció que esas instrucciones fueron “discriminatorias”.

Peromingo declara desde las 10.00 de la mañana ante el juez. Al igual que hizo ayer, sólo está respondiendo a las preguntas del juez y del fiscal. La acusación ejercida por los familiares de una fallecida en una residencia anunciaron que pedirán una orden de busca y captura para los dos exresponsables del Gobierno de Ayuso que no han comparecido.

Ninguno de los dos juzgados que los citaron han logrado entregar la citación. Según fuentes jurídicas, Mur es residente en Andorra y Busca trabaja para el gobierno vasco, por lo que ninguno de los dos han podido ser hasta ahora localizados.

La Comunidad de Madrid diseñó unos protocolos para afrontar la pandemia en las 475 residencias de la región que recomendaban no derivar a los hospitales a las personas con dependencias mentales o físicas para evitar el colapso.

En un primer momento, las familias recurrieron a la vía penal, pero las demandas fueron archivadas por decenas. Ya en 2025, ocho juzgados madrileños abrieron diligencias contra varios exresponsables autonómicos por discriminación en el acceso a la atención sanitaria.

Los investigados son Javier Martínez Peromingo, el médico que redactó los protocolos; Carlos Mur, el alto cargo de la Consejería de Sanidad que los firmó; Pablo Busca, el gerente del Summa 112 que controlaba las ambulancias públicas; y Antonio Burgueño, el asesor que orientó a la presidencia en los primeros días de la pandemia.

Está pendiente en la Audiencia Provincial de Madrid la decisión sobre la petición de las familias de unificar la investigación de todos los casos en una macrocausa que realizaron en septiembre. Agotada la vía penal porque resultó difícil demostrar el vínculo directo entre las muertes y la actuación de quienes idearon los protocolos, un grupo de familiares formuló una nueva denuncia colectiva por el delito de discriminación en el acceso a un servicio público, que se castiga con penas de entre seis meses y dos años de prisión.

Un grupo de 109 familiares, que no lograron resultados con la primera querella penal, acudieron de nuevo a la Fiscalía de Madrid para entregar un nuevo escrito que ponía el acento en los protocolos, en la falta de medicalización y en la ausencia de derivaciones al hospital de Ifema o a las clínicas privadas. La denuncia pedía investigar a los cuatro ex responsables de la gestión de la crisis que han sido imputados, así como a 25 geriatras que aplicaron los protocolos, sin descartar otros a otros posibles implicados.

Desde ese momento, la causa se reactivó en varios juzgados y en este momento hay exresponsables de la Comunidad de Madrid imputados. La estrategia de la acusación es lograr que los imputados tiren de la manta y que acaben incriminando a sus superiores. Eso ya está sucediendo, puesto Peromingo ha responsabilizado a Mur de los protocolos.

Las familias quieren que la causa investigue todos los casos juntos y que las pesquisas se centralicen en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, cuya titular es María Isabel Durántez, que fue la primera en imputar a los responsables. Algunos jueces ya han solicitado que sus causas se acumulen.