Su número casi cuadruplica el de 1985, cuando entró en vigor la orden ministerial que estableció nuevos crierios para determinar los colectivos de demandantes de empleos que deben figurar en las estadísticas del paro.

La cifra total demandantes de empleo ascendía, a finales de enero del 91, a 4.186.400, de los que 2.359.400 correspondían a los parados oficiales y 1.827.000 a los excluidos por no cumplir los requisitos oficialmente exigidos.

En los últimos doce meses contabilizados por el INEM, entre enero de 1990 y el mismo mes de 1991, la cifra de excluidos de las estadísticas aumentó en 246.800, mietras que la del paro se redujo en 86.600 personas.

Asimismo, desde la promulgación de los nuevos criterios para medir el paro registrado, en 1985, el desempleo se redujo en 282.600 personas, en tanto que la de excluidos aumentó en 1.307.100.

En ese mismo periodo, la demanda real de empleo (contabilizando a los parados oficiales y a los excluidos) pasó de 3.161.900 a 4.186.400, lo que supone un incremento de algo más de un millón de solicitudes de trabajo.

LOS CRITERIOS

Los actuales criteris de determinación del número de parados fueron establecidos por una orden ministerial promulgada el 11 de marzo de 1985 y firmada por el entonces ministro de Trabajo, Joaquín Almunia.

La orden excluyó del paro registrado a los demandantes de un empleo coyuntural por periodo inferior a tres meses, los demandantes de un trabajo cuya jornada semanal sea inferior a las veinte horas, los jóvenes que asisten a cursos de formación profesional y los beneficiarios del subsidio agrario.

También están exclidos los trabajadores que, estando ocupados, demandan otro empleo para cambiarlo por el actual, los demandantes en situación de incapacidad laboral transitoria o de baja médica y los jóvenes que cumplen el servicio militar, entre otros colectivos.

La razón alegada en la citada orden ministerial para excluir a estas personas de la cifra oficial del desempleo registrado en el INEM era "la necesidad de adaptar los criterios estadísticos relacionados con la medición del paro registrado a los generalmente plicados en la Comunidad Económica Europea".

La orden aludía igualmente a "las modificaciones producidas en los últimos años en la naturaleza y condiciones del mercado de trabajo", así como a "los cambios normativos e institucionales introducidos recientemente y los efectos de los procesos de reconversión industrial y sectorial".