El escrito, a que tuvo acceso Servimedia, considera que la tesis que defiende el Supremo en la sentencia “comporta, en la práctica, un secuestro y acallamiento de la posibilidad misma de que la Fiscalía y su máximo dirigente emitan comunicados o desmentidos institucionales cuando la institución se ve gravemente atacada”.

Insiste de igual modo en que esa postura supone “vaciar de contenido su función constitucional de información” y en defensa de la legalidad ante la ciudadanía “generando un efecto amedrantamiento evidente (‘chilling effect’) en los términos reiteradamente censurados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

El escrito indica que "no resulta compatible con el artículo 20 de la Constitución ni con el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que una misma actuación sea considerada por dos Magistradas de la Sala Segunda, para quienes 'informar a la opinión pública de que esto no había sido así, era no solo una opción legal, sino la única opción legal' (voto particular, folio 238, párrafo segundo), como una respuesta jurídicamente obligada en un Estado de Derecho, mientras que para la mayoría esa misma actuación sea elevada a la categoría de ilícito penal".

Ya en el mes de diciembre la teniente fiscal del TS, María Ángeles Sánchez Conde, presentó un incidente de nulidad en el que criticaba que el tribunal pasara por alto “in explicación alguna” las pruebas que podían exonerar al entonces fiscal general del Estado, vulnerando varios de los derechos fundamentales de García Ortiz.

La sentencia del Supremo condenó al exfiscal general a dos años de inhabilitación por la comisión de un delito de revelación de secretos del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, al difundir una nota de prensa en la que la Fiscalía desmentía haberle ofrecido un pacto, cuando en realidad fue su defensor el que intentó llegar un pacto con el Ministerio Público.

En ese primer incidente de nulidad, la teniente fiscal del Supremo destacaba que el tribunal omitió testimonios clave ofrecidos por los periodistas que publicaron el correo electrónico dirigido por el abogado de González Amador al fiscal que le investigaba en el que asumirá la comisión de dos delitos fiscales. Esos testigos aseguraron que tenían la información antes de que llegara a manos de García Ortiz.