Pino es uno de los acusados en la causa que juzga la presunta puesta en marcha de una operación parapolicial pagada con fondos reservados del Ministerio del Interior para espiar a Bárcenas y arrebatarle documentación potencialmente sensible para el PP. El comisario declaró en calidad de testigo y explicó que Pino le propuso el día de su toma de posesión una reunión con el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), Enrique García Castaño, en la que éste último le confirmó que había abierto una “línea de investigación” sobre Bárcenas que no dio frutos. García Castaño era uno de los acusados pero la causa se archivó para él por sus problemas de salud que le impidieron estar en plenitud de facultades psico-físicas para ejercer su derecho a la defensa.

El testigo aseguró que ninguno de los dos mandos policiales le llegó a explicitar lo que se había investigado, por lo que dedujo que se trataba de una estrategia para proteger a posibles confidentes y únicamente se le transmitió que la operación “había fallado”.

Sánchez aseguró no haber hablado del asunto con el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y principal investigador del ‘caso Gürtel’, Manuel Morocho, que tampoco la informó sobre sus trabajos.

Ya en 2015 el comisario jefe de la UDEF Manuel Vázquez le informó de que tenía nueva información sobre la investigación al extesorero y hubo que determinar quien la investigaba, pese a que Morocho era el encargado de la investigación de ‘Gürtel’ y también de la causa sobre los ‘papeles de Bárcenas’.

Morocho y el entonces instructor del caso, el juez Pablo Ruz, tenían la convicción de que se pretendía torpedear la investigación sobre la ‘caja B’ del PP y el policía declaró en este mismo juicio que sufrió presiones para que dejara de indagar.