Junto a Asenjo estaban citados el propio Villarejo y su exsocio Rafael Redondo. Ellos tres son los único que permanecen imputados en esta pieza. Las declaraciones se enmarcan en la investigación de la pieza 17 del ‘caso Tándem’ que estudia los contratos suscritos por Iberdrola con las empresas de Villarejo entre los años 2004 y 2012, por los que cobró más de un millón de euros.

El instructor acordó esta nueva ronda de declaraciones tras tener conocimiento de un nuevo contrato, conocido como operación ‘Aglow’, que ha quedado al descubierto de manera reciente.

Fuentes jurídicas aseguraron que Asenjo sólo ha respondido a las preguntas del juez y de su defensa y que en su declaración atribuyó a Villarejo una estrategia comercial “muy agresiva” para captar clientes, pese a lo cual Iberdrola nunca llegó a contratar sus servicios.

Aseguró también que nunca tuvo conocimiento de la condición de policía en activo de Villarejo hasta que se inició el proceso penal y explicó que fue el director adjunto operativo de la Policía quien se lo recomendó, por lo que no dudó de la legalidad de sus actuaciones.

Por su parte, Rafael Redondo se negó a prestar declaración, mientras que Villarejo indicó al juez que los trabajos que se encuentran bajo sospecha datan de 2004, hace casi 20 años, razón por la que no recordaba los detalles de ese contrato. El proyecto ‘Aglow’ tenía que ver con la puesta en marcha de un programa de alerta sobre informaciones de interés para Iberdrola.

Tras comparecer ante el juez, Villarejo ha dicho a los periodistas que no guarda recuerdo de hechos ocurrido hace dos décadas y criticó la “alucinante la animosidad” que tiene en su contra el departamento de Asuntos Internos de la Policía.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya confirmó el archivo de la investigación para varios directivos la eléctrica, tras ser acordado por el juez, que consideró prescritos los hechos. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, fue uno de esos directivos que vio como la causa por cohecho se archivó, dado que la prescripción para este delito es de 10 años.

Precisamente sobre el sobreseimiento de la causa para Sánchez Galán, se pronunció Villarejo en conversación con los periodistas a los que dijo que se debió al asesoramiento del exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, que ahora le asesora.