Así se expresaron estos expertos en la jornada organizada por Fundación Naturgy ‘Nueva política energética en Europa en tiempos de crisis. El hidrógeno y las energías renovables’, en la que participó también Nemesio Fernández-Cuesta, presidente de Eolia Renovables y exsecretario de Estado de Energía.

Sobre la reducción de la dependencia rusa, Jones afirmó que “es una prioridad absoluta, porque el nivel de incertidumbre es elevado”, y Piebalgs no descartó que “se interrumpa el suministro de cara a otoño de este año”. Para Fernández-Cuesta, el principal desafío es “la construcción de nuevas infraestructuras, que requerirá de 4 o 5 años”.

Los tres expertos coincidieron además en que la UE está “más unida que nunca” ante la crisis energética actual derivada de la guerra en Ucrania.

Piebalgs se mostró convencido de que “va a haber una política común firme”, y Jones destacó la importancia del “pool de compra conjunta, porque la velocidad a la que hay que rellenar el stock europeo debe ser coherente para no hacer subir los precios”. Por su parte, Fernández-Cuesta aseguró que “Europa está convencida que la política energética es más necesaria que nunca”.

Por otro lado, Jones expuso hasta seis opciones para controlar los precios de la energía: limitar el precio del mercado de la electricidad junto con un mecanismo adicional para el respaldo de la generación con gas; eliminar el gas del actual mecanismo de fijación de precios; pagar según el precio ofertado por cada tecnología y no al precio del mercado marginalista; limitar precios para los mercados del gas; establecer precios regulados para las empresas gasistas y los productores de electricidad, en función de su coste real del gas; y reducir el coste del gas para la generación de electricidad.

“Lo que se está intentando hacer en España es fijar un precio bajo y los productores tendrían que recibir incentivos”, afirmó Jones, para quien si el precio de referencia del gas es muy bajo los subsidios podrían ser de hasta 10.000 millones al año, que “darían un margen para reducir el coste al consumidor, pero que tiene el problema de que es mucho dinero público”.

Este escenario llevaría a precios de electricidad muy bajos, “cuando lo que hay que hacer es garantizar la eficiencia energética”. Según Jones, la situación actual del mercado energético durará meses, “por lo que necesitamos un mecanismo robusto”.

Por su parte, Piebalgs dijo que “la invasión de Ucrania ha sido disruptiva porque está destruyendo la visión energética que tenemos de garantía de suministro y la seguridad de los contratos a largo plazo”, por eso incidió en el papel de la política energética, que “deberá tener un papel mayor”, porque “el mundo de antes y el de después de la guerra va a ser distinto”.

En este sentido, defendió la necesidad de diversificar el suministro de gas en Europa por varias razones. “La primera es una cuestión moral, lo que está pasando es rotundamente opuesto a la sociedad que hemos diseñado en el siglo XXI”. En cuanto a la estrategia del pago en rublos, “hay que asumir que en cualquier momento Rusia puede parar abruptamente el suministro”, aunque hasta ahora no lo ha hecho”.

Una tercera razón es el impacto económico de un potencial corte de suministro del gas ruso: “La economía de Alemania podría contraerse un 2% sin la importación del gas ruso”. “La actual crisis con Rusia puede amenazar sobre todo el modelo económico de desarrollo industrial”, afirmó.

Por último, Fernández-Cuesta hizo un llamamiento a repensar el marco regulatorio del sistema eléctrico español “con medidas enfocadas al consumidor y más bilateralidad en los mercados”.

Entre algunas de las posibles actuaciones que mencionó podría estar la liberalización del mercado, con la obligación a los operadores de publicar su tarifa para que el consumidor supiera a qué atenerse, y evitar así la incongruencia actual del PVPC ligado al mercado mayorista.