La entidad explica en un comunicado que este balance se produce “en un año marcado por la climatología adversa y en especial por la sequía, la ascendente competencia de países terceros y la adaptación a la creciente regulación de la actividad productiva y comercial, tanto nacional como comunitaria”.

Hasta octubre, la exportación hortofrutícola se redujo un 6% en volumen y aumentó el mismo porcentaje en valor, totalizando nueve millones de toneladas y 13.470 millones de euros respectivamente.

“La importación mantendrá la tendencia al alza, en línea con lo que ha venido ocurriendo los últimos años. Hasta octubre la importación ha aumentado un 8% en volumen y un 19% en valor, ascendiendo a 3,3 millones de toneladas y 3.638 millones de euros”, apuntó Fepex.

En la Unión Europea, la importación procedente de países terceros hasta septiembre de 2023 creció un 12% respecto al mismo periodo del año anterior, con un total de 13.907 millones de euros, “impulsada por la divergencia regulatoria en materia laboral, social, fitosanitaria… existente entre los productores comunitarios y extracomunitarios, haciendo del modelo comunitario cada vez menos competitivo”, señaló Fepex.

MARCO REGULATORIO

Esta federación considera importante para el futuro "una revisión del marco regulatorio actual", tanto nacional como comunitario, “que prioriza el control de la gestión de las explotaciones y las tesis medioambientalistas, sin tener en cuenta las características específicas de la producción hortofrutícola y su capacidad para aportar valor a la economía y sociedad”.

En este sentido, en el ámbito de la producción afirma que “preocupa especialmente la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que impulsa los costes laborales en un sector en el que la mano de obra puede suponer hasta un 45% de los costes de producción en algunos cultivos”. A Fepex le inquieta, igualmente, la reducción progresiva de fitosanitarios, que afecta a los rendimientos, la calidad y seguridad alimentaria”.

En cuanto a la comercialización, Fepex estima que tanto el real decreto de envases y residuos de envases, que obligará a la venta a granel cuando los formatos sean menores a 1,5 kilos, como el reglamento comunitario, que sufrió el rechazo del Parlamento Europeo en este punto pero cuya tramitación no ha terminado, “deben tener en cuenta la oposición del sector, porque la obligación de la venta a granel hace prácticamente inviable la estrategia de diferenciación por origen y calidad”.