Así lo señaló Carlos Moreno en la Comisión Mixta para la Unión Europea en respuesta a la pregunta de la diputada del Partido Popular Milagros Marcos, quien le instó a explicar la postura del Gobierno ante el nuevo acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos.

Marcos aseguró que los productores españoles han denunciado competencia desleal, pero, dijo, el Gobierno de España, “lejos de sumarse a la denuncia” se habría sumado a los intereses de Marruecos al apoyar en 2019 los acuerdos modificados “que incluían expresamente esos productos dentro del régimen preferencial marroquí”.

La diputada del PP recordó que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló en 2021 el acuerdo por vulnerar el derecho internacional, una nulidad que se confirmó en octubre de 2024. Y en este punto, dijo Marcos, habría que preguntarse por qué el Gobierno, “lejos de apoyar a los saharauis, ha sido parte activa defendiendo a Marruecos en su contra”.

También criticó que el Ejecutivo, el pasado mes de septiembre, impulsase una nueva propuesta de acuerdo “que mantiene las preferencias arancelarias y considera marroquís los productos del Sáhara Occidental sin contar con el Sáhara Occidental". Una propuesta, consideró, que “se firmó en solo cinco días de negociación, sin transparencia alguna, sin debate público, sin evaluación del impacto y sin el más mínimo control democrático”.

Por ello, la diputada popular aseveró que desde el PP quieren apertura comercial, “pero con reciprocidad y transparencia”, y reclamó a Moreno explicar “si piensa el Gobierno exigir rectificación a Bruselas”, y pedirá la aplicación de las cláusulas de salvaguarda y de reciprocidad previstas.

DEFENSA DEL ACUERDO

En su réplica, Carlos Moreno defendió que España mantiene “su firme compromiso con la estabilidad y el refuerzo” de las relaciones entre la Unión Europea y Marruecos, al que calificó de “socio estratégico clave” para toda la UE y para España.

Moreno detalló que el nuevo acuerdo fue firmado el pasado 3 de octubre y se aplica provisionalmente desde el momento de su firma.

Asimismo, agregó que el acuerdo se formalizó mediante un intercambio de cartas para modificar los protocolos 1 y 4 del Acuerdo Agrícola de 2019, que previamente había sido anulado por el Tribunal de Justicia de la UE.

El acuerdo, explicó, debe seguir ahora su tramitación técnico-jurídica, que incluirá la próxima convocatoria del Consejo de Asociación Unión Europea-Marruecos para que lo convaliden las partes, y precisará también el consentimiento del Parlamento Europeo.

Y en lo que respecta a los derechos del pueblo saharaui, vulnerados por acuerdos anteriores como advirtió el TJUE, Moreno se limitó a defender que, al margen de cuestiones “de soberanía o de derecho internacional”, el acuerdo nuevo cumple los requisitos de la sentencia. El argumento, recalcó, es “básicamente que el consentimiento del pueblo saharaui al acuerdo se pueda entender por implícito”.

Moreno dijo que “el consentimiento no tiene que ser explícito, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, siempre que ese consentimiento implícito no cree obligaciones” y además “otorgue un beneficio preciso, concreto, sustancial y verificable para el pueblo saharaui occidental”.

Por otra parte, destacó que en el nuevo acuerdo se prevé un etiquetado distinto para los productos que provengan del Sahara Occidental “que no estén etiquetados como provenientes de Marruecos” sino indicando la región de producción, diferenciando entre Dajla y El Aaiún.