En rueda de prensa, la responsable de Política Social de CCOO, Paloma López, afirmó que la reforma que pretende llevar a cabo el Ejecutivo no tiene coo objetivo la integración de los trabajadores inmigrantes en nuestro país, sino favorecer la economía sumergida y, además, "convetirá a España en un país racista y xenófobo".

Según López, la política migratoria precisa de un indispensable pacto de Estado con el consenso de todos los partidos políticos, y anunció que ya han convocado para el próximo 17 de julio la Plataforma por la Convivencia, organización en la que participan más de 60 asociaciones y partidos políticos, para analizar la reforma que aer aprobó en Consejo de Ministros.

La responsable de Política Social de UGT, Almudena Fontecha, calificó de "injustificada" la reforma y aseguró que, en contra de lo que dice el Gobierno, con la introducción de las modificaciones se "dejará más libre el campo a las mafias para que se aprovechen de los trabajadores".

Fontecha aseguró que parece que el Ejecutivo quiere que exista un número determinado de trabajadores irregulares para condicionar a la baja los salarios en determinados sectores, espeialmente en la agricultura y el servicio domético. De esta manera, añadió, los empresarios van a seguir contando con "una mano de obra sumisa que no puede protestar".

LINCHAMIENTO Y DIVISION

Por su parte, el presidente de ATIME, Abdel Hamid Beyuki, acusó al Gobierno de fomentar el "linchamiento" de los inmigrantes "dividiendo irresponsablemente a la sociedad" para justificar la reforma de la actual ley.

En su opinión, el Ejecutivo está "alterando la convivencia pacífica de la sociedad" y advirtó que, aunque se apruebe la modificiación, "la división social se quedará en la sociedad, el rechazo se quedará y lo vamos a sufrir todos".

Beyuki señaló que todo el mundo está de acuerdo en la necesidad de la mano de obra de inmigrantes en España "pero nadie habla de sus derechos, se piensa que somos máquinas", añadió.

El representante de ASTI, Antonio Martínez, aseguró que la propuesta de modificación de la ley tiene "sospechas de inconstitucionalidad" y pidió un pacto de estado para solventar l problema de la inmigración.

Desde la Federación de Mujeres Progresistas, Carmen Toledo, calificó de "innecesaria e injustificada" la reforma y pidió tiempo para comprobar el desarrollo de la actual legislación.