Esta organización opina que limitar esos cinco derechos a cualquier persona "roza los límites constitucionales a la luz de a Constitución y de los tratados internacionales ratificados por España".

Asimismo, indicó que la expulsión de España de cualquier inmigrante irregular en 48 horas plantea, a juicio de la APHHE, dos problemas: el de la tutela judicial efectiva y el de poder solicitar asilo y refugio.

Mariño dijo que 48 horas es poco tiempo para que un inmigrante irregular pueda ejercer su derecho a solicitar asilo y refugio, cuando "tiene un plazo de urgencia que llega a cuatro días". Además, subrayó que estas pesonas tienen derecho a que su petición sea considerada.

Además, el presidente de la APDHE se mostró contrario a la expulsión de inmigrantes irregulares que llevan en España varios años. "Las personas con arraigo, aunque estén irregulares, yo creo que casi tienen un derecho a permanecer en nuestro país", concluyó.