El máximo responsable de REE respondió así a las recientes dudas vertidas por Van Miert respecto a la escasa liberalización del mercado léctrico que introduce la nueva ley española del sector.

"No nos parece de recibo", añadió, "que la Comisión Europea piense que el sistema eléctrico español que consagra la ley es poco abierto". Explicó que el modelo eléctrico para España permite, a través de un nuevo sistema eléctrico independiente del actual, la plena libertad de instalaciones, importación y explotación de electricidad, "algo que no ocurre en ningún otro sitio".

Fabra definió a REE como la empresa del sector eléctrico español ms independiente de la regulación, las retribuciones y el marco legal, "porque sea cual sea", agregó, "seguiremos transportando la energía por la red de alta tensión".

Asimismo, añadió, no tenemos por qué temer a ninguno de los cambios que se están planteando por las demás empresas del sector, "porque nos da igual".

Es más, continuó, la única actividad que no recibe un tratamiento estandarizado por la ley que critica la Comisión es la del transporte eléctrico que hace REE, y por tanto, estamos fuea del marco legal estable, "en el que", dijo, "nos gustaría estar y que se apliquen los costes que correspondan", recalcó.

Fabra, que presentó los resultados de la compañía en 1994, cifró los beneficios netos del pasado año en 8.203 millones de pesetas, un 21,8% superior al de 1993, si se descuentan los ingresos extraordinarios de 4.000 millones registrados en el ejercicio precedente.

Los recursos generados por REE durante el pasado año ascendieron a 24.176 millones de pesetas, consecuencia de uns ingresos ordinarios de 57.009 millones.

También explicó que REE, en cuyo capital están presentes todas las empresas del sector, aún no ha acometido la reordenación accionarial de la compañía a la que obliga la nueva ley eléctrica, al exigir que que ninguan participación directa o indirecta supere el 30%.

El motivo de esta demora desde la aprobación de la ley, dijo, es que la propia ley otorga un plazo para llevar a cabo la reordenación hasta el año 2000.

Esta exigencia legal fuerza a la esatal Endesa, propietaria del 50% de REE, a vender un 20%, aunque deberá hacerlo a un grupo estatal, ya que la ley eléctrica obliga a mantener la mayoría de capital de Red Eléctrica en manos públicas.