Así lo denunció en un comunicado en el que explicó que se está reuniendo con los grupos parlamentarios para exponerles su “rechazo frontal” al proyecto de ley de acciones colectivas al entender que el texto “abre las puertas” a que estas empresas financien las acciones judiciales en las que vean “oportunidades de negocio” al tiempo que “pone trabas y no mejora” el ejercicio de estas acciones por parte de las organizaciones de usuarios que pretendan emprenderlas.

Tras puntualizar que esta semana ha mantenido reuniones con los grupos parlamentarios socialista y Sumar y que “en los próximos días” se reunirá con Junts y Podemos, Facua juzgó “necesario” aprobar una ley que regule las acciones colectivas, si bien advirtió de que pero el modelo que recoge la norma aprobada por el Consejo de Ministros y que en breve debatirá el Congreso “se aparta de los principios de defensa de los consumidores y usuarios recogidos en nuestro ordenamiento jurídico” para “abrazar un modelo ajeno, de corte anglosajón, que entiende la acción colectiva como un nuevo nicho de negocio”.

En este sentido, consideró que esta ley debería tener como “objetivo real” el de “suplir” la “debilidad” del consumidor en las relaciones de mercado, que, a su entender, “se pone especialmente de manifiesto” cuando, ante una práctica “ilícita” por parte del empresariado, los consumidores deben acudir a la vía judicial para ver “resarcidos sus derechos e intereses lesionados”.

“En estos casos, existe un desequilibrio entre las posiciones del consumidor y el empresario, en detrimento del primero, entre otras causas por la diferencia de recursos al alcance de cada uno y la diferente capacidad económica para soportar los gastos que un proceso judicial lleva consigo”, abundó, al tiempo que señaló que las acciones colectivas “no pueden convertirse en una vía de negocio para terceros financiadores o en una herramienta de patrocinio de las organizaciones de consumidores”.

SUPLIR CARENCIAS

En paralelo, indicó que la regulación de las acciones colectivas se aborda, además, de forma que intenta “suplir” las “carencias” de las administraciones de Justicia, haciendo recaer “todo el coste y el riesgo de la acción colectiva” en las asociaciones de consumidores.

“No se aboga por formas de financiación pública de los instrumentos que serán necesarios para su tramitación como la plataforma electrónica para la gestión del proceso, no se refuerzan los recursos de la administración de Justicia para dar cobertura a procedimientos colectivos y articular y favorecer el apoyo a las organizaciones de consumidores como entidades habilitadas para el ejercicio de este tipo de acciones”, prosiguió al tiempo que denunció que no plantea un “pleno y completo” reconocimiento a la asistencia jurídica gratuita para estas.

MERCANTILIZACIÓN

En la misma línea, manifestó que este modelo de ley supone la “mercantilización” de las acciones colectivas, sin que ello suponga un “auténtico avance” en la protección de los consumidores respecto de la situación actual.

“Además, se traslada todo el riesgo del procedimiento a la entidad habilitada demandante, quien desde el inicio del procedimiento debe asumir todos los gastos intrínsecos a la acción de representación y garantizar que todos los consumidores potencialmente afectados estén debidamente informados de las actuaciones que se lleven a cabo en el procedimiento”, agregó, al tiempo que aseveró que el proyecto normativo “pierde la oportunidad” de abordar una “mejor y más completa” regulación de la asistencia jurídica gratuita para las asociaciones de consumidores que cumplan los requisitos establecidos en la ley.

Por otro lado, Facua también critica que el texto del proyecto “pasa por alto” el “necesario” desarrollo del derecho a la justicia gratuita que tienen reconocido las asociaciones de consumidores, entre otras cuestiones.