Así lo expresó en un comunicado en el que anunció que la agencia ha “desestimado” su petición de dar a conocer “toda la información posible” en torno a este caso con el “pretexto”, a su juicio, “de que el destino de los productos ha sido un canal mayorista y no el consumidor final".

Tras conocer que la Aesan había emitido una alerta en la que advertía de un brote de salmonelosis en dos residencias de ancianos con catorce casos y que estaba vinculado al consumo de hamburguesas de pollo fabricadas en España y distribuidas en España, Irlanda, Malta y Portugal, Facua se dirigió a este organismo para “instarle” a que diera a conocer “toda la información posible sobre el asunto, incluida la marca de los productos afectados”.

“Ahora, ha respondido a la petición negándose a hacer pública dicha información con el pretexto de que el destino de los productos ha sido el canal mayorista y no el consumidor final y que la información ha sido difundida dentro de los cauces del control oficial", denunció la asociación, para rechazar que la Aesan “no considera necesario advertir a la ciudadanía sobre la existencia de productos en el mercado que puedan suponer un riesgo para su salud".

A este respecto, afeó la “falta de transparencia” de la agencia y que las administraciones públicas “no dieran a conocer toda la información desde un primer momento” y, además, “sigan sin querer hacer públicos” detalles como el fabricante, los distribuidores, la marca y el lote del producto contaminado “o cualquier otra referencia que permita su identificación”.

DERECHOS DEL CONSUMIDOR

La asociación advirtió de que, al haberse comercializado en el mercado mayorista, los usuarios podrían haber adquirido el producto al peso en carnicerías, tiendas de alimentación o supermercados o incluso haberlo consumido en establecimientos de hostelería y recordó que el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, señala como derecho de los consumidores la información “correcta” sobre los diferentes bienes o servicios y la “educación y divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute".

Por todo ello, volvió a exigir a la Aesan que “deje de ocultar datos” que juzgó “de interés para los usuarios” con el objetivo de que éstos puedan adoptar “las medidas y precauciones que consideren necesarias”.