Así lo anunció en un comunicado en el que precisó que documentos internos y correos que ha sacado a la luz el diario ‘El País’ “ponen de manifiesto” que ambos responsables del hospital público madrileño “ordenaron cambiar informáticamente, a espaldas de los cirujanos, la prioridad de personas que aguardaban una operación”.

“La normativa madrileña que regula la gestión de estas listas establece que los cirujanos son responsables de la indicación y del establecimiento de la prioridad clínica de los pacientes”, abundó, al tiempo que indicó que, según la documentación interna y los testimonios recogidos, entre el 28 de febrero y el 14 de marzo de 2025, un total de 57 pacientes del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología pasaron de prioridad preferente a prioridad normal.

“Los pacientes considerados preferentes debían ser intervenidos antes de 90 días, mientras que para los catalogados como normales el plazo podía alcanzar los 180 días”, agregó, al tiempo que señaló que “uno de los episodios que habría permitido detectar las alteraciones fue el de una niña de tres años cuya prioridad había pasado de urgente a normal”.

Facua puntualizó que la doctora “responsable” del caso, según la documentación recogida, “manifestó que existían criterios médicos para que fuera intervenida con prioridad porque podía perder una pierna y no había sido consultada sobre la modificación”. “También se modificó la situación de otros pacientes que ‘se retorcían de dolor’ con anomalías en la columna vertebral, síndrome del túnel carpiano o luxación”, agregó.

PRODUCTIVIDAD

La asociación aseveró que el “motivo” era “cumplir con los objetivos de productividad” que “exige” la Consejería de Sanidad autonómica, “según se deduce de la explicación que dio por correo electrónico uno de esos responsables a una doctora indignada por estas prácticas”.

“La manipulación de las listas de espera es una sospecha generalizada en la sanidad española porque existen incentivos tanto electorales como económicos. Las administraciones publican esta métrica mensualmente en internet y los médicos con responsabilidades cobran bonos de productividad si cumplen objetivos”, subrayó.

Facua ve necesario determinar quién ordenó cada modificación, con qué criterios se realizaron y si estos cambios pudieron provocar un perjuicio asistencial a las personas que aguardaban una intervención.

La asociación pide a la Fiscalía que examine la posible relación entre las modificaciones y los objetivos de productividad establecidos para el hospital, ya que, destacó, “la gestión de la lista de espera quirúrgica forma parte de los indicadores que pueden influir en el complemento de productividad de los responsables de los servicios”.

“Por ello, es fundamental determinar si existió alguna relación entre estos incentivos y las modificaciones de las prioridades clínicas, así como si se produjo alguna alteración de la información utilizada para evaluar el cumplimiento de los objetivos de demora”, prosiguió.

En este contexto, considera necesario que la Fiscalía investigue si el gerente y el director médico del Hospital Ramón y Cajal cometieron delito de prevaricación al “rebajar la gravedad de decenas pacientes que esperaban una operación para maquillar su lista de espera quirúrgica”.

La asociación reclama además que se determine si hubo otros casos similares con anterioridad o posterioridad a los hechos conocidos y que, en caso de acreditarse irregularidades, se depuren responsabilidades y se adopten medidas para evitar que los sistemas de gestión de las listas de espera puedan utilizarse para alterar artificialmente los indicadores de demora.