Así lo reclamó en un comunicado en el que puntualizó que “no apoyar las medidas” recogidas en la norma “supondría ponerse del lado de los intereses de los especuladores inmobiliarios” así como “desentenderse” de la actual situación de emergencia habitacional que, a su juicio, “hace necesario aumentar la protección de los derechos de los inquilinos”.

“Ante el presumible rechazo de las derechas del arco parlamentario”, esto es PP, Vox y Junts, la asociación les urge a que se pongan “de una vez del lado de los inquilinos y en contra de la especulación inmobiliaria” y “no tumben” el Real Decreto-ley 8/2026, impulsado por el Gobierno para hacer frente a la escalada de precios a raíz del conflicto en Oriente Medio.

En este contexto, subrayó que la norma ha permitido “no solo que multitud de inquilinos con dificultades puedan acogerse a esta prórroga”, sino que sus rentas “no puedan ser actualizadas por encima del 2%, evitando situaciones en las que terminen siendo expulsados de sus viviendas por no poder hacer frente a subidas brutales del alquiler”.

Al igual que hizo el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que defenderá este martes el decreto en la Cámara Baja, la asociación recordó a todas las personas que vivan de alquiler a que, “en vistas de que la convalidación al decreto no salga adelante”, es “urgente” que “aprovechen estas últimas horas” para solicitar a sus caseros la prórroga de aquellos contratos que finalicen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.

“Aunque la norma finalmente sea tumbada por los grupos parlamentarios de la derecha, todas aquellas prórrogas que hayan sido solicitadas durante el periodo que ha estado en vigor serán de obligado cumplimiento”, insistió.