Así lo reivindicó en un comunicado en el que informó a las personas afectadas de que “tienen derecho al reembolso del importe de los tratamientos que hayan pagado y no vayan a recibir”.

Tras señalar que ha “tenido conocimiento” de que, “en los últimos días”, han cerrado varias clínicas en ciudades como Vitoria, Zaragoza y Toledo, afirmó que “no descarta que en los próximos días o semanas puedan cerrar otras clínicas dentales ubicadas en diferentes puntos del territorio nacional”.

Ante esta situación, la asociación informó a los afectados de que la empresa está “obligada a cumplir con los compromisos que adquirió”, por lo que, “en caso de que finalmente no vaya a prestarles los servicios abonados, deberá reintegrarles el importe de los tratamientos o la parte proporcional de los mismos”.

CONCURSO DE ACREEDORES

Facua aseveró que “ha podido comprobar” que se ha dictado auto de declaración de concurso de acreedores con fecha del 3 de septiembre de 2026 y que existe una oferta de compra de la unidad productiva de la empresa.

“En caso de que la oferta no prospere, los afectados por el cierre de estas clínicas dispondrían de un mes desde que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la entrada en concurso para comunicar sus créditos al administrador concursal que se declare”, abundó.

Por ello, recomienda a los perjudicados que, en caso de retrasos o cancelaciones de los servicios contratados, presenten su reclamación contra la clínica, “exigiéndole el cumplimiento de sus obligaciones”.

“Si los tratamientos hubieran sido financiados a través de crédito vinculado al contrato de servicios odontológicos, los usuarios también deben presentar una reclamación a la entidad financiera con la que hayan suscrito el préstamo, informándoles del cese de actividad del centro y exigiéndole, por ello, la paralización del cobro de los recibos”, agregó.

Facua aconseja a los afectados que soliciten su historial clínico dental con el fin de poder reclamar el crédito de la parte del tratamiento no realizado en caso de que la empresa finalmente entre en concurso de acreedores y que conserven toda la documentación relativa a los pagos y el contrato hasta que hayan recuperado todo el dinero.

REGULACIÓN

En este contexto, criticó que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya realizado “ningún tipo de modificación” de la normativa que regula este tipo de clínicas para “asegurar” la “protección” de los derechos de los consumidores en este sector de actividad y “con un modelo de negocio vinculado a contratos de financiación”.

“La más urgente, la exigencia de un seguro de responsabilidad civil para autorizar la apertura, de forma que quede cubierto el riesgo de cierre o quiebra de la compañía”, exigió, entre otras medidas.

Tras el “continuo” cierre de clínicas dentales y estéticas “de estos años”, Facua se ha vuelto a dirigir a la ministra de Sanidad, Mónica García; el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, “instándoles a abordar una mejora de la regulación de este tipo de clínicas privadas para reforzar la protección de los usuarios”.

“Hasta la fecha, el Gobierno ha hecho caso omiso a constantes reivindicaciones de Facua pese a que son ya miles los afectados por la cascada de cierres de clínicas dentales, de depilación y de estética en los últimos años”, lamentó.