Así lo criticó en un comunicado en el que precisó que el derecho de “resarcimiento” es una “reivindicación histórica” de la asociación que el grupo parlamentario Sumar incorporó como enmienda, pero que “finalmente no ha contado con el apoyo mayoritario de los grupos parlamentarios”.

“Obviar la fijación de indemnizaciones ante la vulneración de las obligaciones establecidas en la ley puede convertir en papel mojado una parte esencial de su articulado”, advirtió, al tiempo que instó a las fuerzas políticas que votaron en contra de la enmienda a “apoyarla” en el Senado.

A este respecto, señaló que, “si de verdad tienen interés en proteger los derechos de los consumidores frente a los abusos de las empresas”, los parlamentarios “no pueden dejar pasar esta oportunidad para impulsar un cambio legal realmente trascendental”.

En este sentido, valoró “positivamente” que el diputado de Sumar Fèlix Alonso haya incorporado como enmiendas y defendido en el pleno de la Cámara Baja “buena parte de sus reivindicaciones”.

Así, en estas enmiendas se recogía, entre otras, la demanda de la asociación de aplicar indemnizaciones si no hay respuesta a una reclamación en cinco días o en dos horas si se trata de una incidencia que implique un corte injustificado de suministro.

“Indemnizaciones que debían representar el doble de la cantidad facturada irregularmente, con un mínimo de 50 euros, que se sumarían al importe que habrá que devolverse al usuario o corregirse en su factura”, explicó.

SPAM

En contraposición con esta “decepción” en el articulado de la ley, la organización mostró su “satisfacción” ante la incorporación de varias medidas impulsadas por el Ministerio de Consumo.

Entre ellas, un “nuevo paso” para lograr “de una vez” que el spam telefónico se convierta en una “práctica residual frente al fraude masivo que representa a día de hoy”.

“Otra medida impulsada por Consumo que se ha incorporado a la ley es la obligación de que las empresas informen de la totalidad del precio desde el principio de la transacción para evitar que desagreguen cifras en distintos momentos del proceso de compra, como suele ocurrir con las entradas de espectáculos”, reconoció la entidad.

Pese a considerar “positiva” esta mejora legal, Facua cree que con la regulación existente “ya era posible aplicar sanciones a las empresas que inflan sus precios inventan gastos de gestión, o costes de servicio” que, a su juicio, “no son más que artimañas que no responden a servicios efectivamente prestados”.