Así lo defendió en un comunicado en el que subrayó que, aunque esta movilización de viviendas de la Sareb supone “un paso importante”, el parque de viviendas actual del antiguo 'banco malo' está en torno a las 46.000, por lo que, a su juicio, el Gobierno “podría seguir avanzando en dicha dirección y movilizar aún más viviendas para alquileres sociales”.

En este punto, advirtió de que ahora “queda saber cuál será el precio de alquiler de estas viviendas” y dijo esperar que se trate “realmente” de una cuantía “social, asequible y razonable”, que permita a las familias que residan en ellas poder hacer frente al pago “sin tener que destinar una elevadísima parte de sus ingresos al pago del alquiler”.

“Así, debería garantizarse como referencia que no supere el 30% de los ingresos de la unidad familiar”, abundó, para agregar que, además, las viviendas que vayan a ser elegidas para alquileres sociales deben ser seleccionadas atendiendo a las zonas más tensionadas de los municipios, aquellas con mayor necesidad existente de hogares para habitar.

CONTROL EFECTIVO

Por otro lado, la asociación indicó la “necesidad” de que exista un seguimiento y control “efectivos” de esta medida, que garanticen que se están movilizando las viviendas “que hacen falta” y que el alquiler “responde a un precio social”.

Para ello, la entidad recordó que la nueva Ley de Vivienda prevé la creación de un Consejo Asesor de Vivienda, un órgano al que corresponde el control de las políticas públicas en esta materia y en el que, a su juicio, “es necesario que participe la sociedad civil y deben estar representados los consumidores”.

Entre otras cuestiones, puntualizó que este Consejo Asesor de Vivienda debe garantizar que, “efectivamente”, el parque de la Sareb movilizado se destina a alquiler social, que los precios son los “adecuados” y que la construcción de las nuevas viviendas se lleva “realmente a cabo”, conformando “un auténtico parque público de viviendas destinadas al alquiler social”.

En paralelo, urgió a “acompañar” la puesta en marcha de esta medida con “otras actuaciones” para “forzar” a los grandes propietarios, principalmente la banca y los fondos buitre, a sacar en alquiler las viviendas que “mantienen vacías”.

“Un alquiler realmente social para las viviendas de la Sareb podría, además, servir para crear cierta competencia con el mercado de vivienda de renta libre, logrando que también bajen los precios de estas”, sentenció.