Esta asociación consideró que prolongar la vida útil de los reactores de Almaraz supone “anteponer los intereses económicos de las empresas propietarias a la protección de los consumidores y al necesario avance hacia un modelo energético basado en fuentes renovables, seguras y sostenibles”.

Según el manifiesto ‘Alargar las nucleares, no gracias’, respaldado por organizaciones ecologistas, vecinales y sociales, la prórroga de Almaraz hasta 2030 supondrá un gasto de 3.818 millones de euros para el bolsillo de la ciudadanía y pondrá en riesgo 26.129 millones de inversión en renovables.

“Las centrales nucleares no están exentas de riesgos y que el alargamiento de su funcionamiento incrementa la exposición a posibles incidentes y prolonga la generación de residuos radiactivos que permanecerán activos durante miles de años”, según Facua.

La prórroga de la central de Almaraz supone la modificación del calendario de cierre pactado entre el Gobierno y las eléctricas, por lo que Facua instó al Ejecutivo a “mantener inamovible" el cierre de las otras centrales nucleares “pese a las presiones que pueda recibir por parte de las empresas propietarias”.