Así lo indicó en un comunicado en el que explicó que, si se trata de un crédito vinculado, concertado a través o por mediación de la propia clínica, “es posible detener los pagos del crédito y oponer ante la financiera el cierre del establecimiento para no seguir haciendo frente al mismo”.

Además, confirmó que “numerosos” usuarios están denunciando que la cadena odontológica ha cerrado sus puertas “sin dar señales de vida” y dejándolos con tratamientos “sin finalizar” que han sido abonados en su totalidad o que han financiado.

En este contexto, tras lamentar que los usuarios “vienen viéndose obligados” al abono mensual de las cuotas “pese a que los servicios han dejado de ser efectivamente prestados”, la asociación señaló que, si los pacientes no son “reubicados” en otras clínicas, tienen derecho a reclamar la devolución de “parte o incluso la totalidad del dinero abonado, según los casos”.

En este punto, criticó que, “casi cinco años después" de que estallase el escándalo iDental, "ni el anterior Ejecutivo de Pedro Sánchez ni el actual han realizado ningún tipo de modificación de la normativa que regula las clínicas dentales” para “asegurar” la “protección” de los derechos de los consumidores en este sector de actividad y demandó la exigencia de un seguro de responsabilidad civil para autorizar la apertura, de forma que “quede cubierto el riesgo de cierre o quiebra de la compañía”.

Asimismo, ante la posibilidad de que la empresa pueda entrar en concurso de acreedores, instó a los afectados a que “estén atentos” por si llegara a declararse, para poder comunicar sus créditos al administrador concursal designado “a la mayor brevedad posible” y les recordó que, en general, el plazo máximo para hacerlo es de un mes a contar desde la publicación de la entrada en concurso.