Así lo advirtió en un comunicado en el que apreció que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido en la sesión de control al Ejecutivo a “fortalecer la Ley de la Cadena Alimentaria, aunque sin aclarar cómo”.

“Los agricultores vienen denunciando la ausencia de inspecciones suficientes para detectar prácticas ilegales de imposición de venta a pérdidas, además de la ridícula cuantía de las pocas sanciones que trascienden”, abundó, al tiempo que incidió en que una de las formas de “fortalecer” dicha normativa es dotar a los consumidores de “mecanismos que les permitan intervenir de forma efectiva en la cadena alimentaria, al poder tomar decisiones informadas sobre los productos que consumen”.

Para ello juzgó “imprescindible” que se les informe “con la mayor transparencia y de forma adecuada” sobre los alimentos que adquieren, los procesos de formación de precios, las diferencias de origen-destino, el lugar de origen o las condiciones en que se han producido.

“Los últimos análisis de la asociación han puesto de relieve que determinados alimentos básicos se encarecen hasta en un 875% en los supermercados con respecto a su precio de origen. Una información que, actualmente, no llega al consumidor final, impidiéndole conocer qué empresas inflan más sus márgenes de beneficio y cuáles castigan más al sector primario obligándoles a ajustar excesivamente sus precios”, sentenció.

SUBIDAS ILEGALES DE MÁRGENES

Por otro lado, la organización también insistió en la “urgente necesidad” de crear mecanismos de control y sanción de aquellos grupos empresariales que están llevando a cabo “subidas de márgenes ilegales en alimentos con el IVA rebajado”, teniendo en cuenta que, según algunos de sus estudios, en el último año se han producido “en diversos productos” subidas de precios que “no se corresponden con aumentos en los costes de producción”.

La asociación ya trasladó estos datos al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2023, al que volvió a reclamar la apertura de una investigación que “derive en sanciones contra las empresas que están inflando sus márgenes de beneficio”, una práctica, recordó, “prohibida en los alimentos con el IVA rebajado”.

A este respecto, en una entrevista concedida a Servimedia, el titular del ramo, Pablo Bustinduy, avanzó que, en el “ejercicio” de sus “competencias”, tiene previsto “investigar” prácticas que hayan podido llevar a cabo distribuidoras de alimentación para “asegurarnos de que esa reducción del IVA no se ha destinado a engordar los márgenes de beneficios extraordinarios”.

Tras puntualizar que su gabinete ya está “desarrollando” dicha investigación “en colaboración” con el Observatorio de Márgenes Empresariales y con el Observatorio de la Cadena Alimentaria reiteró que, pese a que sus competencias en esta área “son limitadas”, las va a “ejercer” con el fin de “garantizar que los derechos de los consumidores y las consumidoras, especialmente de los más vulnerables, no se vean violentados”.