Así lo defendió en un comunicado en el que lamentó que los precios “no han parado de subir en el último año y medio”, en “muchos casos” con “claros” incrementos en los márgenes de beneficio.

Tras insistir en que la “única medida realmente efectiva” de control de precios pasa por “la intervención estatal y el establecimiento de precios máximos”, recordó que esta es una capacidad que recoge la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.

En este contexto, explicó que dicha norma establece que el Gobierno, “previa audiencia de los sectores afectados”, podrá fijar los precios o los márgenes de comercialización de “determinados” productos, así como “someter sus modificaciones a control o a previa autorización administrativa”.

“Una capacidad que está prevista en varios supuestos, entre ellos cuando se trate de productos de primera necesidad o de materias primas estratégicas y, excepcionalmente y mientras persistan las circunstancias que aconsejen la intervención, cuando, en un sector determinado, se aprecie ausencia de competencia efectiva”, abundó la asociación.

En paralelo, hizo hincapié en que tanto el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 como las autoridades de protección al consumidor autonómicas tienen “competencias sancionadoras ante estas prácticas”. “Se las otorga el artículo 47 del real decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la ley general para la defensa de los consumidores”, sentenció.