Así lo reivindicó en un comunicado emitido después de que el departamento de Bustinduy anunciase que ha logrado que Airbnb, plataforma especializada en alquiler de alojamientos turísticos, retire de su web los cerca de 65.000 anuncios sin licencia que fueron requeridos por dicho ministerio. Además, la Unidad de Análisis de Consumo ha identificado otros 55.000 anuncios que no disponen del número de registro oficial, obligatorio por la legislación vigente desde el pasado 1 de julio.

La asociación recuerda que la “inmensa mayoría” de las agencias inmobiliarias operan en una sola región, por lo que “únicamente las administraciones de ámbito autonómico y municipal tienen competencias para multarlas si se saltan la legislación”.

Por este motivo, instó a las autoridades de consumo de las comunidades autónomas y los ayuntamientos a “tomar ejemplo y trabajar en la misma línea" que la cartera de Bustinduy "ante los fraudes inmobiliarios”.