Así lo defendió Facua en un comunicado en el que celebró la “reacción” del departamento que dirige Pablo Bustinduy a las denuncias que “viene trasladándole cada mes” por “incrementos” de precios que, a su juicio, “hacen sospechar de la existencia de aumentos de márgenes”.

La asociación realiza un análisis mensual sobre la “evolución” de alrededor de 1.000 precios de alimentos con el IVA rebajado en ocho grandes cadenas de distribución y avanzó que el último de ellos, del que publicará los detalles “en los próximos días”, revela que a comienzos de febrero el 54% de esos precios “se había incrementado desde la entrada en vigor de la rebaja fiscal y la prohibición de subir los márgenes”.

En su comunicado, el gabinete de Bustinduy recordó que esta reducción del IVA a determinados alimentos fue una medida aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en el marco de su “escudo social” para “hacer frente al alza de los precios provocada por la invasión rusa en Ucrania”.

El Ministerio precisó que el inicio de esta investigación tiene su origen en la recepción de “diversas denuncias” por parte de asociaciones de consumidores y usuarios en las que se trasladaba información sobre “posibles incrementos en los márgenes de beneficios” dentro de la distribución minorista a lo largo del último año, “principalmente” en relación a alimentos como las frutas y verduras o el aceite de oliva.

A su vez, aseveró que la investigación también se “encuadra” dentro de la “estrategia de transparencia y claridad” en la conformación de precios de los alimentos que está llevando a cabo con el objetivo de “proteger” a los consumidores y “medir el impacto positivo” de las medidas y políticas públicas adoptadas por el Gobierno de coalición.

En este sentido, hizo hincapié en que la aplicación temporal del tipo impositivo reducido del IVA sobre “determinadas entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias” de alimentos, que ha sido prorrogada hasta junio, “prohíbe expresamente” que esta reducción pueda dedicarse “total o parcialmente” a “incrementar” el margen de beneficio empresarial, dado que su “finalidad” es, “precisamente, conseguir reducir el precio de los alimentos adquiridos por los consumidores finales”.

PRIMERA FASE

A este respecto, dentro de esta primera fase de la investigación, ha solicitado a cadenas de supermercados e hipermercados que aporten información sobre los precios a los que han vendido en los últimos meses los productos objeto de la reducción temporal del tipo del IVA y en torno a la “evolución del margen comercial o estructura de costes en relación con dichos productos”.

En caso de haberse producido, puntualizó que estas prácticas podrían considerarse como “incumplimientos” de las normas reguladoras de precios y márgenes, constituyendo una “infracción” del artículo 47.1 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, y “pudiendo acarrear sanciones” de hasta 100.000 euros, o entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido, “para los casos más graves”.

En el transcurso de una reciente entrevista concedida a Servimedia, Bustinduy advirtió de que su Ministerio va a “ejercer” sus competencias en esta área con el fin de “garantizar que los derechos de los consumidores y las consumidoras, especialmente de los más vulnerables, no se vean violentados”.

“Creo que existe un gran debate social al respecto, creo que hay varias organizaciones que llevan muchos meses incidiendo en esta materia y es un tema al que le estamos brindando una atención específica”, afirmó el titular de Consumo.