Así lo desvela el libro ‘Los cuidados de larga duración en España. Un desafío en tiempo de descuento’, editado por Funcas y que aborda el “reto” que supone el aumento explosivo de la demanda de cuidados para la sociedad en los planos financiero, de provisión y producción de servicios y de garantía de calidad de vida para las personas que precisan cuidados y sus familias, según precisó este jueves en un comunicado.

En concreto, según José Antonio Puertas y José Antonio Herce, coordinador del estudio junto a Elisa Chuliá, el coste de las prestaciones públicas del SAAD (incluyendo residencias, centros de día, asistencia a domicilio y prestaciones económicas) alcanzó en 2025 los 17.400 millones de euros, aproximadamente un 1% del PIB y un 9% del gasto total en pensiones contributivas en ese año. Si a los 3.500 millones de euros que las familias dedicaron a copagos, se suman los 61.500 millones estimados en gasto informal y gasto “oculto” (no retribuido) que ellas también asumen, aportan a la financiación de los cuidados de larga duración 3,5 veces más que el Estado, según los autores.

En paralelo, reconocen el “avance social” que supuso la implantación del SAAD a partir de 2007 y su “creciente importancia” como pilar del Estado del Bienestar español, pero también ponen de relieve los problemas que ha afrontado su financiación y las “ostensibles diferencias territoriales” en la gestión de las prestaciones que ha provocado su diseño descentralizado. Esas diferencias se visibilizan, por ejemplo, en los tiempos medios entre la presentación de solicitudes de asistencia y la percepción de prestaciones.

Así pues, transcurridas dos décadas desde la aprobación de la Ley de Dependencia y a pesar del aumento de recursos públicos para cuidados de larga duración a través del SAAD, son las familias las que mantienen el “protagonismo en este tipo de cuidados” y Raquel Martínez señala que, a pesar de la “profundidad” de los cambios sociales, el modelo tradicional de los cuidados “prevalece en sus aspectos centrales”.

FAMILIA

El 64% de las personas adultas mayores en situación de dependencia son cuidadas por su familia y el 45% de las personas cuidadoras afirma prestar más de diez horas de atención al día y una proporción similar manifiesta llevar más de ocho años como proveedoras de la asistencia. El 36% de las personas mayores dependientes son cuidadas por sus hijas, frente al 17% que son cuidadas por sus hijos varones (aunque este porcentaje ha subido desde el 9% en 2008) y en el caso de los hombres en situación de dependencia, son sus esposas las que los cuidan en un 42%, frente al 13% de las mujeres que son cuidadas por sus maridos.

Casi cuatro de cada diez personas en situación de dependencia (37%) cuentan con una persona a la que pagan por sus servicios de asistencia, una de las cifras más elevadas de la Unión Europea, según Funcas. Los servicios sociales, aunque también participan en esta asistencia, mantienen ratios muy bajas de cobertura.

Por su parte, Elisa Chuliá centra la atención en la gestión familiar de los cuidados a personas con enfermedades neurodegenerativas subrayando su intensidad y complejidad, así como también la importancia de variables como la composición del hogar, la configuración de las familias y la disponibilidad de recursos humanos y económicos para organizar la carga de los cuidados.

ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS

La autora argumenta que las enfermedades neurodegenerativas actúan como “estresores familiares” de carácter estructural, dado que la intensidad y complejidad de los cuidados requeridos generan “a menudo” agotamiento, junto al dolor por la pérdida de conciencia e identidad de los seres queridos, conflictos sobre la responsabilidad y la distribución de la carga de los cuidados en la familia y sentimientos de culpa.

A su vez, Josefa Ros destaca la extensión de experiencias, como la soledad no deseada, el aburrimiento crónico y el sentimiento de inutilidad entre la población mayor y en particular en la institucionalizada en residencias y los especialistas en geriatría Armando Pardo y Juan Ignacio González reivindican la necesidad de actuaciones que promuevan la prevención de enfermedades y el envejecimiento saludable, destacando la importancia de las relaciones sociales como componente esencial de estos procesos, al tiempo que subrayan la “insuficiente” coordinación sociosanitaria entre los ámbitos de atención primaria, hospitalaria, domiciliaria y residencial en la prestación de cuidados de larga duración y señalan el déficit de geriatras, así como su escasa implantación estructural y el desigual desarrollo territorial de esta especialidad.