En un comunicado, esta entidad reclamó "mayor concreción" respecto a los términos en los que el Gobierno regional prevé llevar a cabo esta reforma de la Ley, que "no puede limitarse al porcentaje de vivienda".

Según Famma, la nueva norma "debe armonizarse con la Ley General de Discapacidad (RDL 1/2013) y con la normativa estatal de accesibilidad".

Asimismo, instó a la Comunidad de Madrid a adaptar su marco legal a la Directiva Europea 2019/882 y a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a fin de garantizar "accesibilidad en entornos físicos, digitales, de transporte y servicios".

Además, criticó que la ley actual "carece de un régimen sancionador eficaz y de mecanismos de inspección, lo que permite incumplimientos sin consecuencias reales".

Por todo ello, reclamó "un calendario claro, objetivos definidos y participación activa del movimiento asociativo" en la futura reforma.