La entidad advirtió de que la interrupción de estos servicios puede “dejar a algunas personas sin ayuda para levantarse, asearse, comer, ir al baño o tomar su medicación”, además de obligarlas a asumir desplazamientos o movimientos sin el apoyo habitual, “con el consiguiente riesgo de caídas”.

Famma señaló que la situación también afecta a las familias, que pueden verse obligadas a faltar al trabajo, cancelar citas o desplazarse de urgencia para cubrir unas necesidades de atención que requieren, en muchos casos, personal especializado. Asimismo, alertó de la “especial vulnerabilidad de quienes viven solos o carecen de una red familiar disponible”.

Desde el respeto al derecho de huelga, la federación pidió a los sindicatos que “colaboren con las administraciones para evitar que ninguna persona quede desatendida” y reclamó a los grupos parlamentarios que “impulsen una modificación legal que garantice estos servicios en futuras convocatorias de paro”.

La propuesta de Famma pasa por asegurar la prestación del cien por cien de los apoyos imprescindibles, con la participación de los sindicatos y de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad en el diseño de las medidas.

La entidad subrayó que se trata de necesidades que no pueden aplazarse y que la continuidad de los cuidados básicos está vinculada a la dignidad y al ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad.